El IMSERSO niega el balance del Observatorio de Dependencia y cuestiona su credibilidad

En declaraciones a Europa Press, se expresaba así en relación a este informe que la mencionada organización publica anualmente desde que se aprobó la Ley de Dependencia y que muestra un sistema "colapsado" en el que un 40% de quienes no pueden valerse por sí mismos no reciben ninguna ayuda y más de 100.000 han fallecido en la lista de espera para la prestación.

Antón ofrece un balance muy distinto. Asegura que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) "atiende al 83 por ciento" de las personas con derecho reconocido a recibir ayuda, tasa que se ha incrementado un 12% desde 2011. Afirma que se han incorporado 283.000 nuevos usuarios al sistema en los tres últimos años y que el 40% de los beneficiarios actuales han llegado durante la legislatura del PP.

"Es un sistema vivo. Hemos reducido las personas pendientes de recibir prestación prácticamente a la mitad, con un 48% menos pendientes de recibir prestación, aunque nos preocupan quienes todavía están esperando", ha destacado, para incidir en que en 2011 el volumen de dependientes en lista de espera era el 30% del total y en la actualidad, son el 18%.

Por eso, desmiente "rotundamente" que el 40 por ciento de quienes tienen derecho a una prestación no la estén recibiendo y no considera apropiado hacer este cálculo incluyendo a los dependientes moderados, cuya incorporación al sistema no está prevista hasta julio de 2015 (el Gobierno aplazó el calendario de incorporación en 2012). "Puedes no estar de acuerdo con la ley, pero no tergiversar la información", ha dicho en relación al mencionado dictamen.

Defiende además que el 78 por ciento de las personas que causaron baja en el SAAD estaban ya recibiendo una prestación y, aunque recuerda que el 77% de los beneficiarios rebasan los 65 años de edad, y más de la mitad han cumplido ya los 85, asegura que "es imposible sacar la conclusión de que el único motivo de reducción de la lista de espera" sea por las defunciones, como expone el Observatorio.

"Si se han incorporado 240.000 nuevos usuarios, hay 180.000 menos en la lista de espera y el 78% de las bajas eran de personas que ya tenían prestación, es imposible afirmar eso. Me gustaría que fueran tan rigurosos como para decir de dónde sacan ese dato porque no hay un solo dato oficial público ni publicado que lo recoja. Aquí no valen previsiones, no valen estimaciones, hay que tener rigor y sensibilidad", ha reivindicado.

Respecto a los datos de financiación difundidos, según los cuales en 2014 y por primera vez, los usuarios aportaron más vía copago de lo que pone el Ministerio de Sanidad, el director general del IMSERSO niega la mayor, entre otras cosas, porque, "es un tema que no ha sido nadie capaz de calcular" ya que el sistema de información de la dependencia hasta ahora no recogía esas variables.

"Un informe del Tribunal de Cuentas dice de forma muy clara que no se puede saber cuál es la aportación del beneficiario a partir de los datos de las comunidades autónomas. Si no lo sabe el Tribunal de Cuentas, ¿Cómo lo van a saber estos señores?", plantea. Añade que ese mismo informe "dijo que los Presupuestos Generales del Estado financian correctamente lo que les corresponde financiar y que el Estado destinó en 2013 un total de 3.689 millones, 69 más, garantizando la dependencia".

Según explica, el IMSERSO tampoco tiene datos fehacientes sobre el peso del sistema que soporta el usuario pero sí estimaciones que "nada tienen que ver" con las de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes. Estos cálculos establecen que el beneficiario estaría asumiendo "entre el 25 y el 26%" del coste "como mucho", lejos las previsiones del Libro Blanco de la Dependencia, que, conforme ha dicho, esperaban que su aportación superase el 30%.

Sí da la razón al Observatorio cuando dice que los datos de Dependencia de 2014 aún no han sido publicados y explica que se debe a un cambio de sistema por el que el IMSERSO lleva un año trabajando con las comunidades autónomas para migrar los datos. También se ha demorado por la necesidad impuesta por Sanidad de que las cifras de financiación y usuarios del sistema lleguen certificadas por un alto cargo de las comunidades autónomas para "mayor control y transparencia".