IU-ICV-CHA exigirá el miércoles al Gobierno el cierre de los CIE por ser "cárceles encubiertas"

Se trata de una interpelación urgente, cuya moción consecuente se debatirá en la sesión plenaria que celebrará la Cámara Baja a mediados de julio, o bien ya pasará a votarse en el nuevo periodo de sesiones que comenzará tras el verano, en el mes de septiembre.

Según denuncia la formación de izquierdas, en la actualidad son ocho los CIE que existen en España y diversas organizaciones políticas, sociales, instituciones públicas nacionales e internacionales vienen solicitando el cierre de estos centros.

A su juicio, estos centros de internamiento suponen una "injusticia" al privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito, la deficiencia de las instalaciones y las precarias condiciones en las que se encuentran las personas internas, condiciones que la evidencia demuestra vulneran derechos humanos fundamentales".

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PIDE EL CIERRE

La Izquierda Plural ha solicitado el cierre de estos centros en varias iniciativas parlamentarias. De hecho, tiene registrada una proposición no de ley, para su debate en el Pleno, en la que reclama al Gobierno el desarrollo "urgente" del reglamento de los centros, pendiente desde hace dos años.

En esta iniciativa pide también la reforma de su funcionamiento y el "cierre progresivo" de estas instalaciones y su sustitución por otros equipamientos "que salvaguarden la salud, la libertad y la dignidad de los ciudadanos extranjeros insuficientemente documentados".

IU solicita igualmente al Ejecutivo de Mariano Rajoy que promueva una "investigación a fondo" sobre las condiciones asignadas a los extranjeros "insuficientemente documentados" y recluidos en los centros de internamiento y que se garantice su acceso a una adecuada atención sanitaria.

En este sentido, IU recordaba que el pasado mes de diciembre una ciudadana congoleña falleció en el CIE de Aluche por meningitis, un hecho que, a su juicio, ha vuelto a poner de relieve las condiciones "infrahumanas" en las que están recluidos los extranjeros en este tipo de instalaciones policiales que gestiona directamente el Ministerio del Interior.

Además, recalcaba en el texto que el auto dictado el pasado 26 de diciembre por uno de los tres Juzgados de Vigilancia y Control del mencionado centro, puso de manifiesto el "palmario hacinamiento" que sufren los internos, además de constatar "la especial gravedad" de la situación en estas instalaciones en las que, según apunta, ni "tan siquiera" existe una habitación de enfermería donde los aislar a los enfermos.

VIGENTE LEGISLACIÓN

IU explica que la actual legislación de extranjería obliga al internamiento preventivo y sistemático de toda persona extranjera en situación administrativa irregular, a pesar de que no haya cometido ningún delito sino una falta, a los efectos de asegurar su expulsión.

Por eso, expone que si el internamiento en los CIE se concibe como una medida cautelar de aseguramiento personal durante la tramitación de un procedimiento administrativo de expulsión, "resulta contradictorio" que en casi la mitad de los casos el procedimiento no haya culminado con dicha expulsión.

"De esto se infiere que la privación del derecho a la libertad de las personas no estuvo justificada en la mitad de los casos", expone la proposición no de ley.

HAY UN MANDATO PARLAMENTARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL REGLAMENTO

Desde el año 2009, con el anterior Ejecutivo socialista, está pendiente la presentación del nuevo reglamento para los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Cuando llegó el PP al Gobierno solicitó a los grupos parlamentarios sus aportaciones a un previsible borrador del texto. Hasta la fecha sigue sin presentarse.

Eso sí, existe un mandato parlamentario desde febrero de 2012 que reclama al Gobierno el desarrollo del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para garantizar su correcto funcionamiento y mejorar las condiciones de los internos, que la Ley de Extranjería de 2009 imponía elaborar y sancionar en un plazo no superior a seis meses y que, sin embargo, aún no se ha llevado a término.

En concreto, a instancias de CiU se pactó un texto con PP y PSOE en la Comisión de Interior que posteriormente fue respaldado por todos los grupos parlamentarios, en el que se insistía además en la necesidad de distinguir las funciones de los trabajadores de los centros de internamiento.

Así, quería que el Ejecutivo especifique que el Cuerpo Nacional de Policía se encargará de cuestiones únicamente relativas a la seguridad, mientras que la atención de internos será acometida por otro personal especializado, un aspecto que ya anunció el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su primera comparecencia parlamentaria en el cargo, hace menos de un mes, en línea con las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.

Otra de las medidas que formula la iniciativa es incluir en el reglamento las recomendaciones planteadas por esta institución, como la necesidad de que exista un adecuado control judicial sobre los ingresos autorizados, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de los internos.

EUROPA SE QUEJA DE LA SITUACIÓN DE LOS CIE

Las quejas sobre la situación de los CIE no sólo llegan desde las ONG sino también desde Bruselas, después de que el Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura (CPT) criticase en abril y en dos informes publicados el "ambiente carcelario" que se vive los CIE de Aluche (Madrid), y Zona Franca (Barcelona), y ha recomendado "revisar el enfoque" de la detención de inmigrantes en general.

Por su parte, el Ministerio del Interior, en nombre del Gobierno presentó alegaciones al mismo argumentando que estos centros son "necesarios" para evitar fugas.

Precisamente, en enero el ministerio del Interior cerró definitivamente el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga por no poseer unas instalaciones adecuadas o idóneas para el cumplimiento de los fines para los que fue creado.