Interior espera obtener fondos europeos para poder aprobar el Reglamento de los CIE y acometer las reformas que prevé

Fernández Díaz respondía así en respuesta a una interpelación urgente del diputado de Izquierda Plural, Ricardo Sixto, quien ha afeado la ausencia de este reglamento porque, a su juicio, contribuye a la "falta de transparencia" en los CIE, y ha pedido al ministro que aplique también "la cruzada del Gobierno por la reducción del gasto público" en este ámbito y ordene el cierre de estas instalaciones "de aspecto carcelario".

En su intervención, Sixto ha denunciado que el coste medio de cada expulsión de un extranjero fuera del territorio nacional "es superior a 1.800 euros", por lo que este año se había contemplado una partida de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado, aún cuando "se expulsa a menos de 12.000 internos" al cabo del año. Además, ha señalado que el coste medio por interno de un CIE es superior a 700 euros, aunque al final, "se acaba expulsando al 79%".

El ministro, por su parte, ha explicado que el marco financiero plurianual 2014/2020 de la Unión Europea contempla un fondo de asilo e inmigración que apoya programas nacionales al que se quiere acoger, lo que ha tildado de "buena noticia". "Esperamos obtener una financiación que, entre otras cosas, nos va a permitir culminar la aprobación de ese reglamento, que conlleva modificaciones infraestructurales para las que en estos momentos tenemos dificultades presupuestarias", ha concretado.

El Reglamento de los CIE es una previsión de la reforma de la Ley de Extranjería aprobada a finales del año 2009 que debía entrar en vigor a mediados de 2010. El año pasado, Interior remitió un borrador a los grupos parlamentarios y a 14 entidades, entre ellas las ONG, que hicieron alegaciones al texto. Según ha explicado Fernández Díaz, también han opinado los diversos ministerios implicados, la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que ha dilatado el proceso.

"La participación (en la elaboración del reglamento) está garantizada, el consenso lo estamos buscando y creo que lo vamos a encontrar, la transparencia creo que también está garantizada y próximamente estará aprobado", ha señalado el ministro, tras asegurar que el texto está ya "muy avanzado".

Asimismo, ha recordado dos de las previsiones de la nueva norma: el cambio de denominación que convertirá los CIE en "centros de estancia controlada de extranjeros", y el cambio en la gestión, por el que "el control de la seguridad de los centros y las personas que allí se encuentran se atribuye a la Policía" mientras "la faceta asistencial" será prestada por "empleados públicos dependientes de la Administración General del Estado" ajenos a las fuerzas de seguridad.

Con todo, ha defendido que el funcionamiento de estos centros, aún sin reglamento, es "transparente" y está "completamente judicializado". Según ha dicho, hasta el 31 de mayo el tiempo de estancia media en los CIE fue de 25,89 días, en línea con el año anterior, y la ocupación media fue del 40,1%, un 9,36 por ciento menos que en 2012.

Por otra parte, Fernández Díaz ha respondido sobre las identificaciones policiales basadas en criterios raciales y las detenciones por cupos de inmigrantes que ha mencionado el diputado de Izquierda Plural, para quien esta es la principal vía con la que "se nutre" la población de los centros de internamiento: "personas que no tienen papeles pero que no han cometido ningún delito".

"La Circular de la Dirección General de Policía 2/2012 prohíbe expresamente las redadas masivas o basadas en cualquier tipo de criterio discriminatorio y quiero que quede muy claro. Además, prevé que la identificación de ciudadanos se realizará de forma proporcionada, cortés y del modo que genere menos incidencia en la esfera del individuo. No hay cuotas de detención de inmigrantes, están absolutamente prohibidas", ha asegurado.