Izquierda Plural propone hoy al Congreso un acuerdo que garantice a las mujeres una vida libre de violencia

Su presentación coincide con el grupo de trabajo que se ha iniciado entre los parlamentarios del área de Igualdad de Congreso y Senado para buscar soluciones e intentar alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género, con medidas para erradicar esta lacra, ante el repunte de víctimas.

Así, la ecosocialista resalta que en los diez años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género han sido asesinadas a manos de sus parejas más de 730 mujeres, 54 de ellas en 2013 y, a fecha de 8 de abril, 21 mujeres sólo en los tres primeros meses del año. "Son cifras dramáticas que deberían avergonzar a cualquier Estado democrático", ha apostillado.

No obstante, destaca que hace casi diez años con la aprobación de la Ley de Violencia de Género se situó a España entre los países más avanzados en ese terreno. "La ley ha sido un paso en firme, en tanto que la violencia de género se traslada al ámbito de lo público y lo político, de lo visible socialmente y de lo inaceptable en cualquier país democrático", agrega.

Eso sí, subraya que esta normativa es un "instrumento necesario" pero "no suficiente" y requiere del compromiso "estable y perseverante" del conjunto de administraciones de implementación de las medidas y dedicación de recursos. "Los actuales problemas están en la mala e incompleta implementación y los recortes en las políticas de lucha contra la desigualdad de hombres y mujeres", subraya la parlamentaria catalana.

Laia Ortiz resalta como principales obstáculos con los que se encuentran las mujeres hoy en día las "tentaciones retrógradas del PP" con las mujeres y la próxima penalización del aborto, ni tampoco "la impugnación de la Ley de Igualdad", la eliminación de Educación para la Ciudadanía, la reforma de la administración local que dejará sin presupuesto a los ayuntamientos para llevar a cabo políticas de igualdad.

Por todo ello, Ortiz considera que es necesario impulsar un acuerdo social y político que garantice "de forma efectiva y real" el derecho fundamental de las mujeres a una vida libre de violencia.

Entre otros puntos, cree que debe incluir una evaluación de la implementación y el cumplimiento de la aplicación de la Ley de medidas de protección contra la violencia de género, y potenciar su aplicación garantizando la participación y colaboración con el conjunto de comunidades autónomas, el CGPJ, Fiscalía General del Estado, organizaciones de mujeres entre otros agentes implicados.

Igualmente, quiere que se pongan a disposición los recursos públicos necesarios para prevenir, detectar y actuar sobre las causas estructurales de la violencia machista garantizando una dotación presupuestaria suficiente para asegurar eficacia y la implementación adecuada de las medidas integrales reguladas por la ley de violencia de género.

A su vez, plantea la recuperación de la inversión en las políticas de equidad entre mujeres y hombres, los servicios de atención a las mujeres, la formación especializada en perspectiva de género, o la acción social, entre otros puntos.

Por otro lado, plantea el desarrollo de servicios y ofrecer la colaboración pública, de manera efectiva, a las redes de atención y prevención a todos los tipos de violencia machista existentes en el ámbito social, jurídico y de salud, tanto de iniciativa pública como de entidades sociales.

Además, desea garantizar la continuidad de las políticas locales dirigidas a fortalecer redes efectivas de coordinación entre asociaciones de atención, servicios sociales e igualdad y demás agentes territoriales o la promoción de los cambios legales oportunos para garantizar la protección de los colectivos vulnerables como mujeres que ejercen prostitución, víctimas de trata o personas migradas.