Juez se inhibe de conocer los casos contra Zelaya y los eleva a la Corte Suprema

Aguilar "se ha inhibido de conocer de estos procesos y será la Corte Suprema la que nombrará al nuevo juez", declaró ante los periodistas la portavoz de los tribunales de justicia penal de Tegucigalpa, Bárbara Castillo.

Explicó que Aguilar fundamentó su decisión en que Zelaya "tiene un alto cargo como diputado al Parlacen", desde el 17 de septiembre pasado, y sólo la CSJ tiene competencias para designar un juez especial dada esa investidura.

Aguilar tomó su resolución en respuesta a la petición de anulación de los casos que los abogados defensores de Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en 2009, le presentaron el 21 de diciembre por considerar que no se le respetó el debido proceso.

El juez notificó su decisión a los defensores de Zelaya, fiscales contra la Corrupción del Ministerio Público y delegados de la Procuraduría General de la República (PGR, representante legal del Estado).

La Fiscalía contra la Corrupción analizará la decisión para determinar los próximos pasos a seguir, indicó el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, quien acompañó a los fiscales a la audiencia con el juez.

Uno de los abogados de Zelaya, Anaim Orellana, se mostró satisfecho porque "la alta investidura" del ex presidente como miembro del Parlacen "hay que respetarla" con el fin de garantizarle el debido proceso.

Orellana adelantó que la defensa de Zelaya reiterará ante la CSJ la petición de nulidad de los dos procesos y sendas órdenes de captura que pesan sobre el ex mandatario por los supuestos delitos de falsificación de documentos públicos y fraude en perjuicio de la fe y la administración pública.

"Nuestra posición sigue firme en cuanto a dejar sin valor ni efecto las órdenes de captura" contra Zelaya, subrayó.

Aguilar designó el 17 de diciembre a los abogados de Zelaya, que son miembros de la Defensa Pública del Poder Judicial, a petición de la PGR, que consideró necesario reactivar los procesos porque estaban paralizados desde que la Fiscalía los incoó en 2009.

Además, la procuradora general Ethel Deras argumentó en diciembre que el ex presidente no había nombrado defensores y la PGR tiene competencia para solicitar su designación al tribunal de justicia.

Zelaya se incorporó al Parlacen el 17 de septiembre pasado en su condición de ex presidente de Honduras, pero en este país no goza de inmunidad porque se suprimió en 2004 para todos los altos cargos, incluidos los diputados nacionales y regionales.

El ex gobernante vive en la República Dominicana desde el 27 de enero de 2010, cuando puso fin a un encierro de varios meses en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugió tras volver clandestinamente a Honduras luego de que los militares lo derrocaran y expulsaran hacia Costa Rica el 28 de junio de 2009.

Según la Fiscalía, Zelaya cometió los delitos de que le acusa al supuestamente desviar fondos públicos para la campaña de una consulta popular que celebraría el día de su derrocamiento con el fin de instalar una Asamblea Constituyente.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, ha reconocido que él pidió a la PGR gestionar el nombramiento de los defensores de Zelaya para agilizar los procesos y "salir de todo este enredo".