La Justicia francesa alaba la gestión judicial española por la catástrofe marítima

Así lo recoge, en su página web, la Fiscalía General del Estado, que, tras haberse dictado por Eurojust en 2005 una recomendación en la que se inclinaba por que fuese la jurisdicción española la que asumiese el asunto, dictó un decreto asumiendo esta propuesta.

"La cooperación de la Fiscalía es absolutamente excepcional", señala la magistrada de enlace de Francia en España, Hélène Davo, quien, junto al fiscal encargado del caso en el Tribunal de Brest, Bertrand Lecrerc, han estado presentes, en calidad de observadores, en las declaraciones realizadas por alcaldes de municipios galos afectados.

"Confiamos en la Justicia española", asegura también Davo en respuesta a los recelos que en su día suscitó entre los afectados franceses la cesión de la soberanía judicial.

En el juicio, están acusados el capitán del barco, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas, Nikolaos Arygoropoulos; y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. También está acusado el primer oficial del buque, Ireneo Maloto, que se encuentra en paradero desconocido.

La Fiscalía solo reclama penas de cárcel para el capitán del buque, para el que solicita 12 años de prisión, aunque las acusaciones particulares ejercidas por diversos colectivos reclaman prisión para todos los imputados, con penas de entre cuatro y nueve años.

Asimismo están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como resposables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.