Lares CV reclama los once millones que le debe la Generalitat el día 14 ante sus centros y el 22 a las puertas del Palau

Además, dentro del tercer plan de actuación aprobado ante la "inviabilidad económica" de las residencias y la "falta de atención" por parte de la Consejería de Bienestar Social, recogerán cartas y firmas de los familiares de los mayores residentes y de los trabajadores de los centros para hacérselas llegar al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, al consejero de Bienestar Social, Jorge Cabré, y al titular de Hacienda, José Manuel Vela.

Lares CV está formada por 44 centros sin ánimo de lucro, entre los que se incluyen asociaciones, fundaciones y congregaciones, que atienden a casi 2.500 personas mayores dependientes y dan empleo a unas 1.600 personas, la mayoría con contrato indefinido.

Su presidente, José Pascual, ha alertado de la "crítica" situación económica que atraviesan esos centros al llevar desde el pasado mes de agosto sin cobrar las subvenciones de las plazas concertadas, lo que supone una deuda de 5,4 millones de euros --por esas plazas y las ayudas para infraestructuras de 2010 y 2011--. No obstante, la deuda acumulada supera los once millones dado que estos centros han asumido el gasto correspondiente a 2012, que supone seis millones hasta mayo.

En declaraciones a Europa Press, ha precisado que la cuantía correspondiente a este ejercicio "aún no es deuda oficial", hasta julio, ya que la Generalitat abona el 60 por ciento pasado el primer semestre y el 40 por ciento restante "durante el resto del año".

Pascual alerta de que, en la actualidad, muchos centros que pertenecen a fundaciones o congregaciones religiosas "están poniendo parte de sus patrimonios" para continuar con su actividad, mientras que otros "han tenido que confirmar préstamos que ya habían pedido a bancos, ya que como no hay ninguna garantía de que la administración vaya a pagar, ningún banco les da hoy un préstamo nuevo".

Al respecto, subraya que "a los trabajadores hay que pagarles con ese dinero que se recibe de la administración, que no llega, y al final no pueden comprometer más su patrimonio ni generar más deuda con los bancos", de modo que "muchas empresas ya se plantean no pagar las extras o dejar de pagar". Es más, asegura que algunas residencias ya han incurrido en impagos con sus proveedores.

"El problema es si vamos a cerrar o no", recalca el presidente de Lares CV, quien denuncia que "a ver qué empresa pueda subsistir" en esa situación, con "más de 2.000 personas que atender y más de 1.000 trabajadores a los que de alguna manera habrá que pagarles".

EXCLUSIÓN "DE TODOS LOS SISTEMAS POSIBLES DE PAGO"

Desde Lares CV acusan a Bienestar Social de "ignorar" a sus centros y a los mayores que residen en ellos "excluyéndolos de todos los sistemas posibles de pago" y, de hecho, temen que "el objetivo final sea que el sector solidario desaparezca para otorgar esas plazas concertadas al sector privado".

Pascual sugiere, en este sentido, que "a lo mejor es que a la administración no le interesa que el tercer sector, el no lucrativo, esté ahí compitiendo con los mercantiles, haciendo las mismas cosas que ellos, mejor y con mucho menos dinero", ya que estas plazas "se financian un 20 por ciento menos que el resto del sector mercantil".

Al respecto, ha apuntado que "el sector lucrativo, con el sistema de pagos del ICO, o han cobrado o van a cobrar todo lo que les queda de 2011" mientras que los centros de Lares CV se quedan "fuera" de ese mecanismo porque cobran "a través de subvenciones" y, además, ven como el Consejoha "cerrado" las vías acordadas, tales como el 'confirming', una garantía para pedir créditos. "La administración no nos deja ni acudir al 'confirming' y la única promesa que hay es pagarnos a través de los hispanobonos", ha denunciado Pascual.