Madrid y Valencia son las comunidades con peores servicios sanitarios

La Comunidad de Madrid y la de Valencia son, un año más, las regiones con los servicios sanitarios más deficientes, según se desprende del IX Informe sobre 'Los Servicios Sanitarios de las Comunidades Autónomas, elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, quien denuncia también que los recortes sanitarios están agudizado de "manera muy notable" la disparidad de políticas sanitarias entre las diferentes autonomías.

En concreto, el informe señala a Navarra como la comunidad autónoma con los mejores servicios sanitarios, al obtener una puntuación de 38 --siendo 19 la valoración más baja y 38, la más alta--, al valorar parámetros como el número de camas o médicos por cada 1.000 habitantes o el gasto sanitario per capita. Tras ella, se encuentra País Vasco (37), Asturias (36) y Aragón (35).

En relación a las comunidades autónomas con 'servicios aceptables', Castilla y León (33), Extremadura (31), La Rioja (27) y Andalucía y Cantabria (26) conforman esta lista. Mientras que las que cuentan con 'servicios sanitarios regulares' son Castilla La Mancha (25), Cataluña, Galicia y Canarias (24.)

A la cola de este 'ranking' se encuentran Baleares (23), Murcia (22), Madrid (21) y la Comunidad Valenciana (19) que, tal y como revela el informe, son las que cuentan con unos 'sistemas sanitarios deficientes'.

A tenor de todos estos datos, la federación considera que evidencian "una gran disparidad" en los servicios sanitarios entre las comunidades autónomas, "lo que pone en peligro la necesaria cohesión y equidad entre territorios". En este sentido, el portavoz de la federación, Marcelino Sánchez Bayle, ha tachado esta diferencia de "desorbitada" y de "poco razonable".

"Es evidente que la política de recortes ha afectado a todas las comunidades autónomas, pero a unas más que a otras, dependiendo del interés de sus gobernantes por preservar la sanidad pública existiendo algunos que han hecho una política menos agresiva contra sus sistemas sanitarios", reza la Federación en el informe.

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, Sánchez Bayle ha ironizado sobre su "afición desmedida" a la hora de situarse en el último lugar en todos los informes, especialmente en los de los últimos 6 años. "En todos los parámetros se sitúa por debajo de la media", ha insistido este representante, destacando a los que hacen referencia al número de camas o médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes o al de gasto sanitario per capita 2010.

Sobre Madrid, el representante de Defensa de la Sanidad Pública ha explicado que su posición no dista de la de años anteriores y, por ello, la comunidad "no ha notado mucho" la variación, pues "los recortes se llevan haciendo desde hace 10 años".

MENOS CAMAS DE LO RECOMENDADO

Por otro lado, el texto señala que, si bien la Unión Europea recomienda 7,5 camas por cada 1.000 habitantes, algunas comunidades como Andalucía (2,63), Castilla La Mancha (2,73), la Comunidad Valenciana (2,78) y La Rioja (2,87) están por debajo de lo aconsejado.

Asimismo, Sánchez Bayle ha recordado que, según organizaciones internacionales, tiene que haber un 1,5 más de médicos de Atención Primaria que de Especializada cuando, en el país, ocurre todo lo contrario.

En relación al gasto sanitario per capita 2010, el informe recoge que la Comunidad Valenciana (974,82) y Castilla La Mancha (987,54) son las que cuentan con las cifras más bajo. Todo lo contrario que País Vasco (1557,78) y Asturias (1530,90).

Sánchez Bayle ha denunciado también que España cuenta con "el número de profesionales de Enfermería más bajo de toda la UE", especialmente en la Atención Primaria, siendo la comunidad autónoma que más tiene Aragón con una media de 1,33 profesionales frente a Andalucía con una de 0,62.

Por último, el representante de Defensa de la Sanidad Pública ha aclarado que, para este informe, no han podido contar con los datos del Barómetro sanitario de 2011, que facilitaba el Ministerio de Sanidad --el último publicado es el del 14 de abril de 2011--. Hecho que califican de "secuestro" de una información "sufragada" con los impuestos de la ciudadanía.