Mamá pega al profesor

Si los profesores fuesen considerados autoridad pública, agredir a un docente constituiría un delito de atentado contra la autoridad. El castigo sería similar que si se pegara a un policía. Los profesores contarían con la presunción de inocencia y por tanto, no necesitarían aportar testigos en el juicio.

Desde la oficina del Defensor del Profesor aseguran que la figura del docente como autoridad pública sería un "instrumento" para reducir el 2% de agresiones que sufren por parte de los padres de sus alumnos.

"Es una herramienta, la primera piedra", que ayudaría a erradicar un problema, explica Inmaculada Suárez, coordinadora de la oficina del Defensor del Profesor. Suárez recuerda a las voces críticas con esta propuesta que los agentes forestales, los pilotos y los inspectores de educación ya tienen dicha consideración.

Esta semana se celebran dos juicios en Santander y en Córdoba. En el primero, presuntamente, un padre agredió al director del colegio Nueva Montaña. El profesor quería que los hijos de esta familia cursaran todas las asignaturas. No lo hacían porque sus creencias -son seguidores del Palmar de Troya- se lo impedían.

En el caso de Córdoba, una madre acompañada por los hermanos del alumno, se dirigió al centro tras la expulsión de su hijo. Tras insultar y amenazar de muerte al director en el aparcamiento del centro, le abofeteó. En ambos casos, el Ministerio fiscal pide un año de cárcel para ambos progenitores.

Inmaculada Suárez asegura que son muchos los casos que llegan a la oficina que coordina y señala que cada vez se producen más agresiones contra maestros de educación infantil. "En este tipo de violencia da igual la edad que tengan los niños" y aunque, el nivel socio cultural de las familias suele ser bajo, a veces, "hay sorpresas muy desagradables", comenta.

En el Congreso

Los grupos parlamentarios del PSOE, CiU y ERC-IU-ICV rechazarán hoy, previsiblemente, en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley del PP que solicita que los maestros y profesores sean considerados autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.

EBP