Médicos del Mundo denuncia en el Congreso la "confusión, asimetría y desigualdad" que ha creado la reforma sanitaria

El presidente de Médicos del Mundo, Álvaro González, ha denunciado este miércoles, ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la "confusión, asimetría y desigualdad" que ha creado el Real Decreto sanitario, aprobado hace un año por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Allí, el presidente de la asociación ha hecho un resumen sobre cuál es la posición de la organización ante el Real Decreto, que ha calificado como un "cambio de modelo sanitario" en el que se pasa del universalismo al aseguramiento, "bajo los discursos de la austeridad y el control del déficit hurtando a la sociedad el debate".

Y es que, a su juicio, la reforma emprendida por el departamento dirigido por Ana Mato "no se justifica" ni desde el punto de vista de derechos humanos, ya que "la salud no es un lujo"; ni económico, ya que, ha recalcado, el servicio de Urgencias es "más costoso" que la Atención Primaria y la prevención.

Asimismo, ha proseguido, no se puede sustentar tampoco en la idea de salud pública, puesto que dejar sin cobertura a poblaciones vulnerables puede suponer un "grave riesgo" para la población; ni en la de ética médica ya que, según ha apostillado, esta medida es "totalmente contraria" al código deontológico y al juramento hipocrático.

"La aplicación del Real Decreto ha provocado un notorio entorno de confusión entre los profesionales sanitarios, generando una aplicación manifiestamente asimétrica y desigual, con colectivos excluidos con especial repercusión entre los más vulnerables --víctimas de trata o de violencia de género, enfermos mentales o pacientes crónicos--, así como una constante infracción de la propia medida, excluyendo de la atención sanitaria a mujeres embarazadas, menores y atenciones urgentes", ha denunciado González.

En este sentido, el presidente de la organización ha advertido a los diputados de que, concretamente, la normativa está generando respuestas "contradictorias" entre las distintas comunidades autónomas, así como una "marcada descoordinación" entre niveles asistenciales, provocando "múltiples" situaciones de "desinformación y desatención".

Además, ha lamentado los errores que se están produciendo a la hora de asignar el código de aportación farmacéutica como consecuencia de la introducción del copago en los medicamentos. En este sentido, ha denunciado que, también, esta medida está generando situaciones "absolutamente dramáticas", personales y familiares, que están ocasionando un "deterioro físico inexorable" y un "sufrimiento psicológico intenso" por incapacidad de hacer frente al coste económico de sus tratamientos.

Del mismo modo, González ha advertido de que, tras un año en vigor, el Real Decreto sanitario ha provocado una "ruptura" en el seguimiento de pacientes con enfermedades graves o crónicas, tales como enfermos con VIH, diagnosticados de cáncer, enfermedades renales avanzas o personas en lista de espera de cirugía. "En Balares, por ejemplo, hay trasplantados renales a los que se impide el seguimiento en consultas o el tratamiento inmunosupresor, con la consecuente pérdida del órgano trasplantado", ha subrayado.

Asimismo, ha asegurado que se está produciendo una pérdida de efectividad de los programas de prevención sanitaria en Atención Primaria y ha avisado de que su organización ha detectado la "imposibilidad" de acceder a métodos diagnósticos del VIH, así como el seguimiento de la enfermedad y la "correcta" prescripción terapéutica para mantener el estado inmunológico de los pacientes.

"Se está produciendo también que las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular víctimas de violencia de género, no tienen acceso a la atención sanitaria, cuando está demostrado el importante rol que los profesionales sanitarios asumen en este tipo de problemas. Respecto a las víctimas de trata, la asistencia sanitaria sólo está aceptada si tienen autorización de residencia temporal por estar acogidas al periodo de restablecimiento y reflexión, un requisito que, además de ser restrictivo, es inaplicable en un número muy elevado de casos", ha argumentado González.

"DESATENCIÓN" A EMBARAZADAS Y MENORES

Por otra parte, el presidente de Médicos del Mundo ha lamentado que el Real Decreto de Sanidad ha provocado una "exclusión" de atención a embarazadas y menores en situación irregular, así como una facturación "sistemática" en la atención de Urgencias. Aspectos que, a su entender, "no están contemplados" en la normativa y son el resultado de la "confusión" que creada y de "tensar excesivamente la cuerda".

Concretamente, González ha criticado que se estén aportando a los menores informaciones "erróneas" sobre sus derechos, se les niegue la derivación a especialistas o se les mande "innecesariamente" a Urgencias; y que a las mujeres embarazadas se les niegue el acceso a programas prenatales, se les facture la atención al parto y que, también, se derive a Urgencias en casos en los que no son necesarios.

Además, ha indicado, a estos colectivos se les está prohibiendo el acceso a los servicios públicos de Salud Sexual y Reproductiva, con las consiguientes "dificultades" para acceder a los servicios de contracepción, y, del mismo modo, se está produciendo un "intento sistemático" de exigir la firma de compromisos de pago previo a recibir atención sanitaria.

"Este mismo mes, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Baleares ha emitido un comunicado oficial en el que exige retirar las cartas de compromiso de pago en los servicios de Urgencias. Esto pone de manifiesto que no es un hecho aislado sino que, por el contrario, es algo promovido desde las propias administraciones", ha apostillado.

UN "GRAVE ERROR" DE PREVISIÓN

Por todo ello, González ha asegurado que el Gobierno ha tenido un "grave error" de previsión a la hora de aprobar el Real Decreto porque, según ha insistido, está suponiendo una "clara vulneración" de derechos humanos, un cambio de modelo sanitario y, al mismo tiempo, está fomentando actitudes xenófobas y un deterioro de la atención médica.

"Con todo esto queda demostrado que no son casos esporádicos, resultantes de mala práctica médica o de errores puntuales, sino que son el resultado de la aplicación confusa de la normativa injusta, ineficaz y peligrosa. Como consecuencia de todo esto, solicitamos su derogación inmediata y la restitución de la universalidad del acceso a la asistencia sanitaria", ha aseverado el experto.

De esta forma, el presidente de Médicos del Mundo ha presentado a la Comisión de Sanidad del Congreso una serie de propuestas de aplicación a nivel autonómico entre las que destacan el desarrollo de un protocolo de atención a menores, embarazadas, víctimas de trata y violencia de género; la elaboración de un procedimiento que facilite la inclusión en el sistema sanitario de las personas sin recursos económicos; y la inclusión en la atención sanitaria a las personas con enfermedades de declaración obligatoria, salud mental y enfermedades crónicas.

Por último, ha solicitado suspender la emisión de facturas ante la atención en los servicios de Urgencias y rectificar los códigos de aportación farmacéutica, para poder "facilitar" el derecho a la exención de pago.

"En resumen, desde un punto de vista de derechos, este decreto es injusto; desde una perspectiva económica, es ineficaz; desde el punto de vista de la salud pública, es peligroso porque las patologías infectocontagiosas no entienden de barreras administrativas; y desde un punto de vista ético, es injustificable, ya que conculca el código deontológico de los profesionales sanitarios", ha zanjado.