Medio Ambiente dice que El Algarrobico "está encaminado" a su demolición y que le gustaría verlo en esta legislatura

Así lo ha explicado a Europa Press el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, antes de comparecer en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, donde ha dicho que, en todo caso, "aún" faltan por resolver distintas cuestiones jurídicas.

En todo caso, ha manifestado que al Gobierno le "gustaría" ver demolido en esta legislatura el hotel situado en el Parque Natural de Cabo de Gata (Almería) y que ocupa parte del dominio público marítimo-terrestre.

Respecto al coste de la demolición y sobre quién debe sufragarlo, el secretario de Estado ha dicho que ha visto ya "muchas valoraciones económicas" de la demolición, pero que esto depende de los conceptos que se incluyan en este cálculo, algo que "está por dilucidar".

Además, ha dicho que, en parte, dependerá de si el particular (Azata del Sol), que en su momento inició un proyecto con su correspondiente licencia válida presenta una reclamación o indemnización.

Sin embargo, ha subrayado que el "Ministerio intentará buscar las fórmulas para colaborar en la resolución de una situación indebida" en este proceso pero ha calificado de "brindis al sol" el protocolo firmado al final de la legislatura pasada --en el que el Gobierno asumía el coste de demolición-- entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y la Junta de Andalucía.

Ramos ha destacado que ese acuerdo no incluía "presupuesto ninguno ni mayor consignación económica, ni suponía nada".

Asimismo, ha explicado que hasta que llegue ese momento, antes hay que esperar a la firmeza de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, aunque la Justicia anula el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la zona, ha apuntado que "aún está pendiente" la resolución de la licencia que dio el Ayuntamiento de Carboneras para la construcción.

"Ese es un tema a resolver, aunque todo indica que será nula, ya que se trata de una situación indebida de construcción fuera de ordenación y en un espacio en el que nunca se debía haber construido", ha apostillado.

Finalmente, ha reiterado que el Gobierno tiene "desde luego voluntad y colaborará" en resolver la situación aunque el plazo dependerá de las cuestiones jurídicas que siguen pendientes.