Medio Ambiente estima en más de 20.000 las afecciones por la reforma de la Ley de Costas

"Son muchísimos los afectados, no sólo propietarios, también concesionarios, además de muy distinta índole. Estamos hablando de concesiones, por ejemplo de actividades como pueden ser los chiringuitos en la playa, otro tipo de actividades hoteleras y turísticas. También hablamos de viviendas", ha explicado en una entrevista a Europa Press, al tiempo que ha asegurado que las indirectas serán "muchas más".

En este sentido, ha criticado que la vigente Ley de Costas, de 1988, generó una "importante inseguridad jurídica" tanto para ciudadanos españoles como para europeos. "Se ha comunicado al Parlamento Europeo la redacción de este anteproyecto y nos han felicitado por la iniciativa de aportar seguridad jurídica a todos los ciudadanos que se habían visto muy perjudicados por la aplicación de esta ley", ha recalcado.

A su juicio, la protección del litoral "no es incompatible con proteger a las personas, a su patrimonio, a sus viviendas, a sus negocios y puestos de trabajo, que también los hay y son muy importantes".

Por otro lado, el secretario de Estado ha defendido la transmisión de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. "Estamos hablando de concesiones relativas a chiringuitos u otro tipo de instalaciones de servicio para el turismo y entendemos que es perfectamente compatible la conservación del litoral", ha sentenciado para recordar que la transmisibilidad exige que el nuevo concesionario cumpla los mismos requisitos que el anterior y que se someta a los mismos plazos y condiciones vigentes.

Respecto a la demolición del hotel del Algarrobico (Almería), ha señalado que todo indica que va a tener una solución a lo largo de esta legislatura. Precisamente, Ramos de Armas también se ha referido a la llamada 'cláusula anti-albarrobico', que recoge la reforma de la Ley de Costas y que, según ha explicado, trata de prevenir que se construya, "antes de encontrar situaciones como la del Algarrobico u otras similares que obligan a la demolición, con perjuicio para todos, para el promotor del proyecto, para las administraciones y para el medio ambiente".

"Vamos a poner un cortafuegos antes. Vamos a poner una solución antes y nos vamos a dotar de un instrumento que antes no teníamos que es la posibilidad de suspender estas licencias en el momento que afecten o vulneren la Ley de costas", ha concluido.