Medio centenar de trabajadores del Centro San Rafael de Alicante se encierran en protesta por los impagos del Consejo

Así, los responsables de la medida han señalado que "en solidaridad" con el resto de centros de atención a personas con discapacidad intelectual de la Comunitat Valenciana, han procedido a encerrarse en el recinto a partir del llamamiento realizado por la Mesa de la Discapacidad, formada por entidades del sector autonómico de la Discapacidad Intelectual --FEAD, Feaps CV y Copava--.

El Centro San Rafael ha indicado que "desde hace muchos años" estas organizaciones desarrollan la función de prestar atención y apoyo a las personas con discapacidad para mejorar la calidad de sus vidas y de sus familias. "Nos mueve la consecución real de los derechos de las personas con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos que son", ha resaltado.

En cuanto a la Mesa por la Discapacidad, la institución alicantina ha explicado que está formada por entidades "sin ánimo de lucro" que gestionan los centros y ofrecen servicios y programas para personas con discapacidad intelectual.

La financiación de estos colectivos, según ha apuntado, depende, en su mayor parte, de los conciertos y las subvenciones que reciben anualmente de la Generalitat valenciana y de otras administraciones locales, además de los recursos económicos privados que cada entidad consigue de familias, socios colaboradores y fundaciones sociales diversas.

15 MILLONES DE EUROS

En este sentido, desde el centro de Alicante han recalcado que el gobierno valenciano "en estos momentos" adeuda a estas entidades "más de 15 millones de euros", correspondientes a la Consejería de Bienestar Social, un importe al que hay que sumar, tal y como han apuntado, la deuda de las áreas autonómicas de Educación, Sanidad o Empleo, "y que han puesto a la inmensa mayoría de las entidades al borde del colapso", han añadido.

A la vista de esta situación, este colectivo ha manifestado que "las dificultades no son nuevas" para ellos. "Nos hemos enfrentado a ellas y las hemos superado, desde nuestro nacimiento y seguiremos haciéndolo", ha subrayado.

Además, han enfatizado que las personas y las organizaciones que forman el sector de la discapacidad son "las primeras" que están "arrimando el hombro" en la crisis, "poniendo un esfuerzo extra", sacrificándose para que no afecte a sus usuarios, y para cumplir con una responsabilidad que corresponde en última instancia al Estado.

Así, han anunciado que van a permanecer "unidos en estas circunstancias de extrema dificultad". "Vamos a decir, alto y claro, que los recortes e impagos suponen una flagrante vulneración de derechos reconocidos en la Constitución Española y en la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad", han agregado.

RIESGO DE RETROCESO

Igualmente, han incidido en que no están dispuestos a abandonar su reivindicación, ya que, según han considerado, se corre el "riesgo de retroceder décadas, de acabar con todo lo conseguido tras vidas enteras de trabajo, reivindicación y esfuerzo, y volver a ser ciudadanos de segunda".

De este modo, el centro ha señalado que "no pueden aguantar más" la situación "de impago" de la Generalitat valenciana "y los recortes", por lo que han exigido "el pago inmediato" a todos los centros y servicios del sector de la discapacidad por parte de las Consejerías de Bienestar Social, Sanidad, Educación y Empleo.

También han solicitado un "plan extraordinario" por parte de la Generalitat valenciana para financiar a las entidades, "que con calidad, transparencia, austeridad y exigencia científica prestan y desarrollan una función social", además del cumplimiento de los "compromisos adquiridos" por el gobierno valenciano, así como las leyes y órdenes que le competen.