Méndez de Vigo defiende la FP como instrumento para acabar con la "lacra" del abandono escolar temprano

Méndez de Vigo se ha expresado así, al ser preguntado en el Congreso de los Diputados por el parlamentario del PP Óscar Clavell sobre el balance que hace el Ejecutivo de la financiación a las comunidades autónomas para la implantación de los itinerarios en la ESO y la Formación Profesional Básica.

Durante la sesión de control al Gobierno, el titular de la cartera de Educación ha dicho que el Ejecutivo valora "positivamente" la aprobación de dos decretos por los que se destinan a las comunidades autónomas un total de 321 millones de euros para la financiación de la implantación de nuevos itinerarios de ESO tanto en enseñanzas académicas como aplicadas, así como para la implantación de nuevos ciclos en la Formación Profesional Básica.

Según ha detallado Méndez de Vigo, estos 321 millones de euros se suman a los 453 millones que, desde el año 2014, se han transferido a las comunidades autónomas, "lo que hace un total de 774 millones en cuatro años, que se han repartido de acuerdo con las comunidades autónomas, acordado en Conferencia Sectorial". "Lo que demuestra cómo la cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas funciona", ha zanjado.

En este sentido, el titular de Educación ha detallado que 173 millones van destinados a financiar los nuevos itinerarios formativos de ESO y un porcentaje "muy similar" va dirigido a la Formación Profesional Básica, que en la actualidad tiene 71.000 alumnos y es "un instrumento para acabar con esa lacra que tenia el sistema educativo español, que era el abandono escolar temprano".

"A mí no me gusta hablar de gasto en educación, sino de inversión en educación. Estos 321 millones de euros van a contribuir a la mejora de la formación de nuestros jóvenes para ofrecer alternativas formativas de calidad que fomenten su empleabilidad y les permitan un óptimo desarrollo personal y profesional".

Finalmente, el diputado 'popular' ha denunciado "la utilización de la educación como un arma política para el interés partidista de los diferentes grupos políticos que gobiernan en la Comunidad Valenciana en la actualidad, bien sea a través del decreto de chantaje lingüístico o bien con el adoctrinamiento empleado en las aulas a favor del pancatalanismo e independentismo, entre otras cuestiones".