Montserrat pide en el Congreso un Pacto por la Infancia que incluya la custodia compartida

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha instado este miércoles la creación de una subcomisión parlamentaria en el seno de la Comisión de Infancia y Adolescencia que analice "propuestas para la protección, promoción y participación" de los niños de cara a un "Pacto de Estado por la Infancia" y se detenga también en otros asuntos, como la custodia compartida.

Así lo ha señalado ante la mencionada comisión parlamentaria, a la que acudía para informar de las políticas de su departamento y en la que ha planteado que esa subcomisión para un Pacto de Estado sería "muy buena herramienta" para abordar la guardia y custodia compartida, pues la promoción de esta fórmula estaba en el acuerdo de investidura que el PP firmó con Ciudadanos, pero en su opinión, "lo ideal es llegar a grandes consensos".

"Que en esa subcomisión, si realmente se crea y estudia esas 'tres pes', también se puedan evaluar todas las formas de familia, sobre todo en cuanto a la guardia y custodia compartida, como ver qué impacto está teniendo en las comunidades autónomas que ya lo tienen en sus códigos civiles, para conseguir un acuerdo en esta Cámara y poder seguir legislando. Esto ha de contar con los máximos apoyos de todos, no con la mitad del Congreso más uno", ha afirmado.

En materia de proyectos, la ministra ha avanzado su intención de realizar un "diagnóstico estadístico" de la situación de las familias en España, pues según ha dicho, se elaboró uno hace cinco años para confeccionar el Plan de Apoyo a la Familia y es necesario "un diagnóstico para conocer las nuevas necesidades que han podido ir apareciendo" a fin de "diseñar medidas de apoyo y protección".

A su juicio, es necesario aplicar cambios como "homogeneizar el concepto de familia monoparental porque la cualidad es distinta en las legislaciones de las comunidades autónomas", atender a las necesidades de las familias numerosas, "las que más capital humano están aportando" al futuro del país y "reflexionar con calma sobre los derechos de los abuelos y otros familiares" que se hacen cargo de los menores.

Por otra parte, se ha referido al desarrollo de la Ley de Protección de la Infancia de 2015 y ha avanzado que en próximas fechas verá la luz el reglamento que hará realidad las previsiones de esa norma en tanto que unificará los criterios en todo el territorio para la adopción internacional y para el acogimiento familiar.

ADOPCIÓN Y ACOGIDA

"El Real Decreto que será promulgado este año va a permitir que las familias puedan optar por cualquier organismo acreditado en todo el territorio nacional, por cualquier entidad colaboradora en todo el territorio nacional y que el coste de esas entidades colaboradoras sea el mismo", ha señalado en relación a las entidades que intermedian en los procedimientos de adopción internacional.

Según ha explicado, las adopciones internacionales se han desplomado pasando de 5.400 niños en 2004 a 798 en 2015, pero "no es un problema sólo de España sino a nivel mundial" porque países como China, Vietnam o Rusia han dado prioridad a sus propios adoptantes. Frente a esto, el Ejecutivo ha venido "redirigiendo a otros países a las familias con expedientes en trámite" y está "explorando" alternativas como "Sudáfrica, Eslovaquia y Haití". Con todo, ha recordado que "aquí hay casi 15.000 niños tutelados que necesitan una familia".

En este sentido, Montserrat ha afirmado que "2.112 familias se interesaron por acoger a un menor en su hogar en 2016" gracias a las campañas de promoción, a las que dedicará "un millón de euros más" este ejercicio, y ha avanzado que, también en cumplimiento de esa ley aprobada hace casi tres años, se van ahora a "desarrollar los criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento familiar y residencial", así como se unificarán otras aristas como la habilitación de las familias o la compensación económica que reciben.

En la misma línea, se aprobará el mecanismo interterritorial de asignaciones previsto en la disposición adicional quinta de la Ley de Protección de la Infancia, para fijar un sistema que la ministra ha definido como "similar al de la Organización Nacional de Transplantes" que permitirá "que las familias dispuestas a acoger puedan ser localizadas tan pronto el niño entre en el sistema de protección" y al margen de la comunidad autónoma donde residan.

Otro de los asuntos que ha abordado ha sido la Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia que recomendó la ONU a España en el año 2010 y que vienen reclamando las organizaciones especializadas. Tras recordar que se ha creado un grupo de trabajo para la elaboración de un anteproyecto, ha asegurado que la norma "es un compromiso del Gobierno" y que verá la luz "esta Legislatura". "Va a ser un gran avance y que necesitamos sacar desde el diálogo y el acuerdo en beneficio de nuestros menores", ha apostillado.

"Se cuenta con un primer texto de análisis y en el marco del estudio que se está realizando de un nuevo texto, se están revisando todos los protocolos existentes. Será por tanto un texto refundido de todas las medidas que hemos tomado. Pondremos todo el esfuerzo para que entre en nuestras Cortes en 2018 pero comprometerme en fecha, hora y día es complicado conociendo la tramitación y que se debe informer por organismos que no dependen del gobierno", ha añadido después en la réplica.

La ministra se ha detenido en este punto para defender la prisión permanente revisable, que está prevista en los asesinatos de menores de 16 años. "Tenemos muy presente en nuestra memoria a Marta del Castillo, a Ruth a José y a tantos menores asesinados vilnemnte", ha señalado, para dirigirse "a los que están pidiendo la derogación" y destacar que esta pena "impide que vuelvan a recuperar su liberad poniendo en peligro de nuevo a la sociedad" y "combina seguridad y reinserción". Felix Álvarez, de Ciudadanos, ha recordado que su grupo aspira a modificar esta pena, no a derogarla.

LA OPOSICIÓN, ESCÉPTICA

Durante el turno de portavoces, todos los grupos menos el PP han afeado a la ministra que haya acudido a la comisión por primera vez año y medio después de iniciarse la Legislatura, y, de igual manera, todos se han mostrado escépticos con la propuesta de pacto. En el caso de Unidos Podemos, Ione Belarra ha expresado su temor de que acabe "en papel mojado" como a su juicio lo es el acuerdo sobre violencia de género.

Esta diputada ha incidido en otros asuntos, como las altas tasas de pobreza infantil y la no implantación de una renta universal por hijo a cargo con cuantías más razonables que los 25 euros al mes que reciben en la actualidad las familias más pobres; la situación de los menores extranjeros no acompañados, especialmente en Ceuta y Melilla; o los bebés robados, para los que se prometió la creación de una unidad policial específica que no se ha puesto en marcha, entre otras medidas.

La portavoz socialista Sonia Ferrer ha incidido en la realidad acuciante de la pobreza y ha denunciado que el incremento de 18 millones de euros en 2017 para la lucha contra la pobreza infantil equivale a "6,5 euros anuales por cada menor en riesgo de pobreza, es decir, un céntimo al día". "Ese ha sido el esfuerzo presupuestario del Gobierno de España", ha denunciado.

Marta Sorlí Fresquet, de Compromís, ha acusado a la ministra de "vender humo" porque, según ha dicho, ninguna de las cuantías comprometidas para el Plan de Infancia acordado con Ciudadanos en la investidura se han acabado destinando íntegras a los fines previstos, mientras el portavoz de ERC, Joan Olòriz Serra, ha señalado que no puede entrar en un pacto "con las competencias de la Generalitat de Cataluña en manos de quien no toca". "No me lo creo", ha apostillado.