Moreno justifica los recortes en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales por las herencia del PSOE

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, ha justificado la reducción del presupuesto de su departamento por la deuda heredada del Ejecutivo anterior, especialmente la legada en cuotas para la Seguridad Social de cuidadores no profesionales y en organismos autónomos como el INJUVE o el Instituto de la Mujer. En total, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contará en 2013 con 2.970 millones de euros.

En una comparecencia ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Moreno ha incidido en que la Secretaría de Estado ha tenido que inyectar 660 millones de euros para "paliar la gravísima situación heredada", así como 1.034 millones de euros para abonar a la Seguridad Social las citadas cuotas pendientes, lo que ha "obligado a ajustar el resto de las partidas presupuestarias del ministerio una media del 15%".

Entre las partidas afectadas está la de familia e infancia, que ya había sufrido un recorte del 37 por ciento en 2012 y que ahora cae un 17 por ciento. Según Moreno, se ha intentado ajustar sobre todo en gastos corrientes de manera que se mantengan los programas fundamentales y las subvenciones de régimen general, aunque las del programa infancia y familia han sufrido "un ajuste del 25%".

"Es muy bonito legislar, pero los compromisos hay que pagarlos. Podríamos haber hecho como se hizo en los años anteriores, mirar para otro lado y el que venga detrás 'que arree', pero eso no es serio. Lo que ha hecho este Gobierno es incorporar recursos a pesar de que no los hay y hacer un esfuerzo encomiable por intentar cubrir el enorme agujero de la deuda con la Seguridad Social, lo que ha tenido, claro está, un impacto en el ministerio y un impacto en el resto de las partidas", ha señalado.

Otra de las "sorpresas presupuestarias desagradables" que, según Moreno, se encontró el nuevo Gobierno, fue una deuda de 11,3 millones de euros en el Instituto de la Mujer que se cubrirán en el presupuesto de 2013 con fondos que "se detraen del resto del conjunto de la partida presupuestaria", provocando así un descenso en la financiación de este organismo autónomo hasta los 13,6 millones de euros.

Situación similar tiene la partida del INJUVE, que presentaba una deuda de 3 millones de euros y cuya financiación, que asciende a 27,5 millones de euros, se ha reforzado con fondos europeos (11,5 millones de euros proceden de la UE) y del Servicio de Empleo Público Estatal, que aportará 1,3 millones de euros para un programa de contratación de jóvenes desempleados.

"No pidan peras al olmo ni pidan que suban exponencialmente los presupuestos, cuando ha habido que tapar este agujero", ha dicho a los portavoces de Izquierda Plural, Gaspar LLamazares; y Grupo Socialista, Susana Ros y Luis Carlos Sahuquillo; quienes han afeado la reducción general en las partidas de igualdad, violencia de género, infancia, familia, dependencia y en el Plan Concertado de Servicios Sociales.

CADA VEZ MENOS FONDOS PARA COMPETENCIAS AUTONÓMICAS

Sobre este asunto en particular, Moreno ha señalado que el recorte responde a la "filosofía de los Presupuestos Generales del Estado" que tienden y tenderán a futuro a eliminar la financiación estatal de programas cuya competencia es exclusivamente autonómica, como es el caso de la asistencia social de las personas en situación de necesidad, que se financia con dicho Plan Concertado de Servicios Sociales.

El Estado aportará un 5% menos en 2013, haciéndose responsable del 4 por ciento de la financiación del Plan. Esto supone una reducción presupuestaria del 40 por ciento, de 87 millones de euros a 27 millones que habrán de repartirse entre todas las comunidades autónomas, conforme han denunciado el Grupo Socialista y la Izquierda Plural.

"Lo que busca estos presupuestos es no tener una doble financiación. Vamos de forma progresiva y lo avanzo ya para el futuro, a que cada comunidad autónoma asuma su responsabilidad y las políticas asistenciales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas con participación de las administraciones locales, por lo que son ellas las que tienen que establecer esos recursos, porque el Estado ya ha hecho un esfuerzo de financiación, recate y saneamiento", ha explicado.

Con el mismo argumento ha justificado la extinción de las transferencias a la Federación Española de Municipios y Provincias para el servicio de teleasistencia. "Por austeridad, no es razonable mantener programas de gasto cuya competencia pertenece a otras administraciones y este servicio debe prestarse por las administraciones públicas competentes a través de la financiación que recoge la propia Ley de Dependencia. Ya avisamos de que este programa se iba a suprimir", ha añadido.

Precisamente la dependencia ha centrado gran parte del debate en la comparecencia del secretario de Estado, principalmente por la reducción de 200 millones en el nivel mínimo que se suman a la desaparición, ya desde 2012, de la partida de nivel acordado. Moreno ha argumentado que esta caída obedece a un acuerdo con las comunidades autónomas y se justifica por la reducción del 15% en las prestaciones económicas para el cuidado familiar que abonan las comunidades autónomas.

En opinión del PSOE e Izquierda Plural, que han acusado a Moreno de maquillar las cifras y ofrecer "publicidad engañosa", estos recortes revelan la intención del Gobierno de desmantelar la norma y "cargarse el sistema", aunque el secretario de Estado defiende que su continuidad "queda perfectamente garantizada" con estos presupuestos y, lejos de "estar muerta", la norma "sigue funcionando y de manera más positiva que antes".

En total, de los 2.970 millones de euros de que dispone el Ministerio de Sanidad para 2013, 2.563,7 millones se destinarán a Servicios Sociales e Igualdad, para luchar contra la violencia de género (la delegación del Gobierno tendrá 22 millones), fomentar el empleo femenino (18,9 millones más 2,3 de fondos europeos y 13,6 del Instituto de la Mujer) y desarrollar la ley de dependencia (cuenta con 2.628,5 millones de los que 1.034 son para pagar deuda).

Asimismo, la secretaría de Estado tiene como objetivos la promoción del envejecimiento activo (que absorberá 114,75 millones de euros de los que 68,2 y 34,2 irán a turismo y termalismo social, respectivamente), fortalecer el tercer sector (20 millones en convocatorias de régimen general y mantenimiento del 0,7% del IRPF para fines sociales), fomento de la autonomía de las personas con discapacidad (6,6 millones de euros para la Dirección General de Discapacidad de los que 3,9 van a asociaciones) y apostar por la emancipación juvenil (27,5 millones de euros en políticas).