Murcia espera que la Ley de Autoridad Docente, cuya tramitación ha comenzado, se apruebe a principios de 2012

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde, en su sesión de este viernes, al Anteproyecto de Ley de Autoridad Docente de la Región de Murcia. En este sentido, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, ha dejado claro que la intención del Ejecutivo es que "a principios de año esté aprobada".

Dicha ley, ya puesta en marcha en Madrid y Valencia, "reconocerá y fortalecerá la figura del docente y fomentará la consideración y el respeto que le son debidos en el ejercicio de sus funciones". En su opinión, supone "un respaldo moral y legal al colectivo docente de la Región".

"Responde a una demanda de la sociedad murciana que reconoce el papel de los docentes", ha insistido el consejero, para después subrayar el objetivo de la misma, "fomentar el clima de convivencia y respeto en las aulas".

Se pretende con ello, ha explicado, "reforzar el papel social del docente ante la comunidad educativa, es decir, hacer valer su figura como parte esencial en el proceso de aprendizaje y en el desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, y establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución".

Para ello, el texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son "el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario".

Según el anteproyecto de Ley, la condición de autoridad pública "se le confiere a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes de la Región, que gozarán de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico".

En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado.

Fuentes de la Comunidad han confirmado a Europa Press que la condición de autoridad pública se les confiere a los directores y miembros de los equipos directivos cuando estén en el ejercicio de sus funciones, es decir, en el interior del centro educativo, tanto público como privado.

No obstante, en los centros públicos la condición de autoridad pública será de aplicación en la relación de los directores y equipos directivos con el resto de la comunidad educativa, bien sean alumnos, padres o compañeros, entre otros. En los centros privados, este rango quedará delimitado a la relación entre el docente y el alumno.

Por su parte, la presunción de veracidad implicaría que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones, y siempre que lo formalicen por escrito, serían veraces salvo prueba en contrario.

Asimismo, la norma atribuiría rango legal a la protección y asistencia jurídica, que ya presta la Comunidad, a través de la Consejería de Educación, a los docentes de los centros públicos por cualquier procedimiento en el que estuvieran inmersos. Además, garantizaría la cobertura de la responsabilidad civil derivada del ejercicio legítimo de sus funciones.

RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO POR LOS DAÑOS CAUSADOS

Otro de los aspectos que recoge el Anteproyecto de Ley es la responsabilidad del alumno por los daños que puedan causar de forma intencionada o negligente. En este caso, el alumno deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.

El Anteproyecto de Ley será compartido ahora con la comunidad educativa en los diversos foros de participación establecidos, como el Consejo Escolar de la Región, la Mesa Sectorial de Educación y la Comisión de Directores.

Finalmente, deberá contar con el visto bueno del Consejo Jurídico que, tras emitir su dictamen, lo devolverá al Ejecutivo antes de su presentación a la Asamblea Regional, donde se procederá a su debate parlamentario.