Diez detenidos en Murcia, integrantes de una trama dedicada a defraudar a la Seguridad Social

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una operación que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal, radicada en Jumilla y con actividad ilícita en gran parte de la geografía nacional, dedicada a defraudar a la Seguridad Social.

En el marco de las actuaciones se ha detenido a los diez integrantes de la trama, entre ellos su cabecilla, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, fraude a la Seguridad Social, pertenencia a organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, según han informado fuentes de la Benemérita en comunicado de prensa.

Las investigaciones se iniciaron a finales del pasado año, a raíz de una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Jumilla que llevó a comprobar la comisión de una serie de delitos de fraude y falsificación y, finalmente, a desmantelar la trama delictiva que se encontraba tras esta supuesta actividad delictiva.

Las primeras pesquisas permitieron a los investigadores constatar la existencia de un grupo delictivo dedicado al fraude. Además, se pudo verificar que los integrantes de la trama contaban con antecedentes por esta misma tipología delictiva y que habían perfeccionado sus métodos en cuanto al enmascaramiento de actividades y borrado de algunos rastros que pudieran conducir a ellos con relativa facilidad.

ORGANIZACIÓN CRIMINAL JERARQUIZADA Y ESTRUCTURADA PIRAMIDALMENTE

La investigación ha permitido desarticular la estructura interna del grupo delictivo, considerándola como piramidal. En la cúspide se situaba su cabecilla, J.M.L., español y vecino de Jumilla, y en la base se encontraban los testaferros o personas interpuestas, a cuyo nombre figuraban las empresas ficticias.

Por ello recibían, según el caso, desde 1.000 euros mensuales a pequeñas cantidades de droga, dado que estos testaferros eran escogidos entre personas con evidente desarraigo social, sin domicilio fijo y con escasos recursos económicos.

Los guardias civiles llevaron a cabo un exhaustivo análisis de la abundante documentación proporcionada por la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social y por la Oficina de Extranjería de la Delegación de Gobierno en Murcia, entidades que han colaborado activamente en la investigación.

Fruto del análisis desarrollado se pudo evidenciar la existencia de relaciones entre las cuatro empresas investigadas y otras mercantiles administradas por personas encartadas con anterioridad por fraude a la Seguridad Social.

Se descubrió un trasvase de trabajadores entre las empresas ficticias, de manera que tras permanecer de alta en una de ellas, iban secuencialmente pasando por otras, con el doble fin de, primero, perfeccionar plazos que le hiciesen acreedor de diferentes derechos, como la percepción de prestaciones por desempleo o maternidad, la regularización de la situación administrativa en territorio nacional, o la adquisición de preferencias para escolarización de hijos en colegios y guarderías, y, segundo, dificultar la actividad inspectora e investigadora mediante la creación, por parte de la misma empresa, de una maraña de distintos códigos de cotización, incluso en varias provincias.

ACTUABAN EN GRAN PARTE DE LA GEOGRAFÍA ESPAÑOLA

Según las mismas fuentes, ha sido clave el papel desempeñado por personas empleadas en asesorías fiscales y laborales, quienes, de manera telemática usando la autorización RED (Remisión Electrónica de Documentos), daban de alta y baja a remesas de decenas de trabajadores en un mismo día en las comunidades autónomas de Murcia, Andalucía, Valencia, Aragón, País Vasco, además de en Ceuta y Melilla.

Dichos trabajadores llevaban a cabo supuestas tareas en el sector de la construcción de diferentes provincias, aunque, llamativamente, todas las obras finalizaban el mismo día. Entonces eran trasvasados a otra empresa. Los contratos siempre eran de corta duración y los empleados residían en domicilios muy próximos. Además, en ocasiones, los apellidos revelaban que la contratación abarcaba a familias casi completas.

Hasta el momento se ha detectado el alta de más de 500 trabajadores en la Seguridad Social a través de empresas ficticias de la trama desmantelada, a los que se les cobraba 400 euros a la firma del contrato y 200 euros mensuales a la entrega de la nómina. Se estima que el fraude a la Seguridad Social asciende a 1.322.663 euros y que los ingresos de esta organización criminal rondarían el medio millón de euros.

La operación ha culminado con la detención, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, defraudación a la Seguridad Social, organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de los diez integrantes de la red delictiva, entre ellos su líder. Los arrestados son seis españoles, tres marroquíes y un rumano, con edades comprendidas entre los 31 y los 40 años, la mayoría de ellos residentes en Jumilla.

Los detenidos, la documentación incautada y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Jumilla (Murcia), que ha ejercido la dirección judicial de la operación.