Musulmanes españoles denuncian el "destierro" al que algunos ayuntamientos "castigan" a sus mezquitas

"El pretender que los centros de culto salgan de los barrios, del vecindario, es una medida de destierro y por tanto un castigo, puesto que los fieles, a quienes está destinado su uso, no podrán ir a diario y, mucho menos, varias veces al día como en el caso de los musulmanes con los cinco rezos comunitarios diarios en la mezquita", señala Tatary.

Para Tatary, no valen "excusas sobre espacios para aparcamientos o tráfico" ya que, según indica, la apertura de restaurantes, cines y templos debe hacerse en aquellos barrios donde residen las personas que utilizarán esos servicios.

Además recuerda que, según el artículo 9.2 de la Constitución Española, "corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas" y "remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud".

Además, indica que, según el artículo 16.1, "se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley".

En declaraciones a Europa Press, Tatary ha explicado que en un encuentro con el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ya le trasladaron su petición de aprobar una norma estatal que regule la situación de los lugares de culto.

JUSTICIA RECOMIENDA EVITAR SOLUCIONES SEGREGADORAS

Por su parte, el Observatorio del Pluralismo Religioso en España, iniciativa del Ministerio de Justicia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Fundación Pluralismo y Convivencia, recomienda a los ayuntamientos en su 'Manual para la gestión municipal de la diversidad religiosa' "evitar (mediante sus políticas públicas de equipamientos y calificaciones de suelo) soluciones segregadoras".

Concretamente, para determinar si una posible decisión tiene efectos segregadores, sugieren estudiar el caso "a la luz de la configuración física del municipio, de las clasificaciones y calificaciones de suelo existentes y de las cargas desproporcionadas que puedan imponerse de facto a los posibles practicantes (distancia a recorrer, existencia o no de conexión con transporte público)".

Así, consideran que la ubicación de todos los nuevos equipamientos religiosos o la compatibilidad del uso religioso sólo en suelos calificados como industriales, cuando los mismos además se encuentren en ubicaciones periféricas respecto al centro urbano, "puede ser un indicio de posible segregación", aunque precisan que "tal extremo deberá confirmarse o desmentirse a la luz del resto de circunstancias del caso concreto y corresponderá al Ayuntamiento justificar de modo claro y explícito que tal segregación no existe y el porqué".