Nuclenor defiende que tras dos años de evaluación exhaustiva "no ha aparecido impedimento" para reabrir

Si bien, ha manifestado previamente que en este momento, la evaluación sobre la solicitud formulada por Nuclenor para que la planta de Burgos vuelva a generar electridad "no ha terminado" por lo que "no se debe interferir" en la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En la jornada de 'Seminario Permanente de Tecnologías Energéticas: Centrales nucleares españolas a debate' celebrado en el Instituto de la Ingeniería Española, Torralbo ha aclarado que en este proceso hay "incertidumbres" que afectan a la decisión "final" que se adopte sobre Garoña.

Estas pasan, en primer lugar del informe del regulador, de la decisión del Gobierno, pero además de esto, la vuelta a la operación dependerá de la política energética futura que se establezca en España, porque "si se propusiera limitar a 40 años la vida útil, "no cabría más que hablar". En todo caso, "superado eso" es necesario conocer por cuánto tiempo se concede, con qué contenido y condiciones.

Además, ha insistido en que el permiso se solicitó para alcanzar los 60 años, por lo que hasta que no se conozca la decisión final no será el momento de evaluar la viabilidad económica de las inversiones, que hasta ahora han superado los 300 millones de euros para mantener la central en condiciones de reversibilidad. "Habrá que seguir invirtiendo bastante más, pero hay que esperar", ha insistido.

En cuanto a la operación a largo plazo, Torralbo ha expuesto el panorama internacional en el que hay más de 115 centrales con permiso para operar hasta los 60 años, porque la metodología de la seguridad de las centrales es rigurosa.

GAROÑA PUEDE DURAR HASTA "90 AÑOS"

Por ejemplo, ha dicho que Garoña ha sustituido el cableado del circuito primario por segunda vez pero que hay otros componentes como la vasija o los edificios de las centrales que no son fácilmente sustituibles pero en el caso de la central burgalesa la vasija tiene una vida útil prevista de 80 a 90 años. "La supervisión del CSN da garantía de funcionamiento", ha afirmado.

Asimismo, el director de energía nuclear de Endesa, Juan María Moreno, considera "imprescindible" la energía nuclear en el proceso de descarbonización de la energía "sin apriorismos", por lo que pide hacer los números antes de determinadas afirmaciones.

En ese sentido, ha coincidido en la defensa de la operación a largo plazo de las centrales y en ese proceso, ha recordado que Garoña ha funcionado ya más de 40 años, en concreto, hasta 2012, más de 42, por ello califica de "mito que carece de justificación" la "frontera" de 40 años puesto que las centrales han invertido "cantidades ingentes de dinero" en la mejora de sus instalaciones.

En definitiva, no ve "impedimento legal" que obligue a España a cerrar sus centrales a los 40 años, ya que son revisadas periódicamente, cada 10 años, y si no cumplen no siguen por lo que "no hay razón para imponer limites temporales".

A su juicio, pese a que los impuestos han subido un 20% los costes de producción, el modelo energético de cada país no debe desechar ninguna tecnología por razones ideológicas, por lo que insta a que la nuclear siga siendo parte del mix.

A ese respecto, el presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, ha calificado de "error" hacer ideología con la tecnología, algo que tiene "consecuencias negativas" para el modelo energético nacional y para la economía, ya que el sector genera una importante aportación al PIB y a los impuestos.

Cornadó ha situado esta cifra en 2.781 millones de aportación de la industria nuclear al PIB español, el equivalente al 30% de la industria textil y del calzado y, en impuestos, con las "tasas medioambientales que se están poniendo de moda y parece que van a ir a más", ha dicho que de cada 100 euros de negocio, 25 van al pago de impuestos y aporta 781 millones de euros en impuestos.

En su defensa de la operación a largo plazo del parque nuclear, ha advertido de que puede haber "alguna decisión" que interrumpa la producción de energía nuclear en España y si esto es así, habría que adoptar "con urgencia" un plan "improvisado" de transición energética, que elevaría el riesgo irreversible de incumplir los objetivos españoles de cambio climático, que supondría un "sobrecoste" en un plan acelerado de energías renovables y aumentaría el precio del almacenar y minimizar los residuos nucleares.

DESMANTELAMIENTO MASIVO INVIABLE

Aún más, ha asegurado que "España no está preparada para abordar el desmantelamiento masivo de todas sus centrales nucleares, algo que supondría un plan tecnológicamente muy difícil y muy caro".

En este contexto, ha reafirmado el papel "fundamental" de la nuclear en la transición energética y frente a la ausencia de barreras e impedimentos legales para mantener las centrales, considera que este es un buen momento para abordar un pacto de Estado sobre la energía nuclear.

En esta línea, el representante de Endesa ha calificado de "barbaridad" los impuestos que paga la industria y ha precisado que solamente Endesa pagó 513 millones de euros en 2015 entre tasas y tributos, lo que supone el 50 por ciento de los costes operativos que, además no son ingresos para el Estado sino que se dirigen únicamente a reducir el déficit de tarifa.

En todo caso, frente a las dificultades ha sentenciado que "jamás de los jamases" repercutirá la subida de impuestos en la seguridad de las centrales nucleares, primero por su responsabilidad como operadores pero, si estos se volvieran "locos", ha dicho que el CSN no les dejaría.