Las ONG dicen que imputar al Jefe de Guardia Civil en Melilla es un paso para "acabar con las devoluciones en caliente"

En un comunicado, el coordinador del equipo jurídico de Andalucía Acoge, José Luis Rodríguez Candela, destaca que la imputación supone que "el Estado, o cualquier agente que esté al servicio de éste, no pueden saltarse los acuerdos y tratados internacionales".

"El juez da a entender que en el procedimiento llevado a cabo los dias 18 de junio y 13 de agosto no se ha solicitado la aplicación del convenio de Readmisión firmado con el Reino de Marruecos. Por ello, la imputación del Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil es el primer paso de un proceso penal para acabar con esta práctica"", afirma.

En su opinión, el juez "ha entendido que había motivos suficientes para actuar de oficio y llevar a cabo las diligencias" y para definir los límites de la frontera entre España y Marruecos en Melilla, "reconociendo que la zona entre vallas es territorio nacional, utilizando para ello una amplia argumentación fundamentada y basada en convenios internacionales".

El secretario General de SOS Racismo, Mikel Mazkiaran, plantea en este sentido que "la tónica hasta ahora" ha sido "desmentir lo que es evidente". "No es sólo una cuestión de un mando de la Guardia Civil que supuestamente comete un delito o de los efectivos de las fuerzas de seguridad que cumplen órdenes. Es una política deliberada la que genera el drama que se está viviendo en la Frontera Sur de Europa", afirma.

Para el presidente de PRODEIN, José Palazón, el auto trae consigo una clara advertencia: "Cualquier agente público que viole la legislación nacional o internacional, y dicte resoluciones injustas, podría verse ante los tribunales. Nadie podrá esgrimir el principio de la obediencia debida para incumplir la ley".

Por último, las organizaciones firmantes recuerdan que este auto contradice las palabras del Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que de forma reiterada dijo en sede parlamentaria que estas prácticas no existían y que "sólo desde el desconocimiento puede llamarse devolución en caliente porque lo que es, es un rechazo en frontera".

Por este motivo, solicitan al gobierno una explicación pública y urgente sobre esta cuestión, así como que con carácter inmediato y cautelar ordene que se ponga fin a las devoluciones en caliente por atentar contra la legislación vigente.