ONG denuncian "recorte de 1.200 millones" en pobreza infantil y subida "insignificante" de Ayuda al Desarrollo

Sobre infancia, Save The Children ha calificado el recorte de "vergonzoso". "Da la impresión de que la única intención detrás de estos Presupuestos es electoralista, ya que ha quedado fuera uno de los compromisos sociales adquiridos en el pacto de investidura con el único colectivo que no puede votar: los menores de 18 años", ha avisado el director general de Save the Children, Andrés Conde.

Según precisa, España cuenta con un sistema de protección social "muy débil", a diferencia de la mayoría de los países de la UE, y con "una de las tasas más altas de pobreza infantil, con 1,3 millones de niños en situación de pobreza severa".

Por este motivo, Save the Children ha anunciado que trabajará a partir de este martes junto al resto de grupos parlamentarios para promover una enmienda a los Presupuestos para que se aumente la inversión en infancia, "tal y como se acordó en el pacto de investidura".

Los Presupuestos Generales del Estado prevén una dotación de 346 millones de euros para la protección familiar y lucha contra la pobreza infantil en 2018, cuatro millones más que en 2017. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado este martes 3 de abril de 2018 en el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos.

De esta cantidad total, se destinarán 100 millones de euros a la partida 'Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales'. A esta dotación se suman 140 millones de euros dedicados al 'Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados' para la atención de familias con menores y los 106 millones de euros del programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil.

Según precisa el Gobierno, en 2018, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se impulsarán programas de actuación referidos a la prevención, atención y protección a la infancia, programas de apoyo e incremento de la calidad de vida de las familias en su diversidad con especial atención a las que se encuentran en situaciones de especial dificultad o vulnerabilidad social, entre otros.

Si bien, Save The Children considera, a la vista de los Presupuestos que "la infancia sigue sin ser una prioridad para el Gobierno". En concreto, destaca que de los millones dedicados a esta partida y a familia este año solo aumente la cantidad destinada al programa Fondo Europeo de Ayuda a los más Desfavorecidos (FEAD), que ha pasado de 102 a 106 millones de euros. En cualquier caso, la ONG se pregunta sobre "cuánto de este dinero se ejecutará realmente".

PRESUPUESTOS "CONTINUISTAS"

Por su parte, Intermón Oxfam ha denunciado que los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (PGE), "siguen siendo continuistas" a pesar de cinco años consecutivos de crecimiento económico y considera que las partidas de políticas sociales que impactan en los más desfavorecidos "no han mejorado".

En concreto, la ONG indica que la partida de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se ha beneficiado de "una pequeña subida" del 8 por ciento (41 millones de euros, pasando de 509,9 a 551,1 millones de euros) pero "insignificante" debido a su presupuesto de partida.

"Este incremento del 8 por ciento será claramente insuficiente para alcanzar el objetivo del 0,3 por ciento del presupuesto en 2018 que nos pondría en dicha senda. Recordamos al Gobierno que su grupo parlamentario en el Congreso se ha comprometido con llegar al 0,4 por ciento de AOD en 2020 y esperamos que este abierto para enmendar estos presupuestos para alcanzar esta cifra", subraya Oxfam en un comunicado.

A su juicio, el texto presentado "se sigue olvidando de la capa más baja: aquellas personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso" y que, según el INE, son más de 1,1 millones de personas. En este punto, Oxfam critica que se "congele" el Índice Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM).

Esta medida, según precisa, es usada para calcular la cuantía de prestaciones para personas viviendo en situación de pobreza y para el acceso a determinados servicios públicos como viviendas de protección oficial a abogados gratuitos. La ONG espera que en el trámite parlamentario en el que entran ahora los PGE, se aumente esta cuantía.