Un informe de Odusalud recoge 429 notificaciones por vulneración del derecho a la asistencia sanitaria

Así se apunta en el documento del observatorio --formado por 56 asociaciones y entidades-- en el que se apunta que no todas las comunidades aplicaron las "restricciones" derivadas de los reales decretos sobre asistencia sanitaria y la financiación de los medicamentos. En este sentido, indica que la Generalitat "en la práctica aplicó las restricciones derivadas de la normativa estatal, aunque formalmente ha mantenido una situación de ambigüedad".

Asimismo, el estudio refleja que en 2013 se produjeron otros cambios normativos que "han aumentado y agravado las dificultades para acceder a los servicios sanitarios de algunos colectivos, especialmente aquellos con mayor vulnerabilidad administrativa, social y económica como pacientes crónicos, discapacitados, dependientes, pensionistas, extranjeros sin permiso de residencia y personas sin recursos económicos".

Dentro del registro de incidencias, se refleja que una de cada tres incidencias "se deriva de la exigencia del compromiso de pago de la asistencia o de la falta de acceso al tratamiento por razones económicas"; dos de cada tres casos corresponden a personas que "sin siquiera llegan a acceder a la atención directa por personal sanitario" y que existen trabas administrativas como carencia de tarjeta sanitaria, documento análogo o trámites de expedición y renovación.

En esta línea, recoge que una de cada cuatro incidencias afectan a personas procedentes de la UE y una de cada tres es de origen latinoamericano y que la exigencia de firma de un "compromiso de pago previo a la asistencia y la facturación "siguen siendo elementos disuasorios" para algunos pacientes. La consecuencia de la "autoexclusión de pacientes que, incluso afectados por problemas graves, ni siquiera buscan atención sanitaria".

FRANJA DE EDAD

A juicio de la entidad, "se trata de un fenómeno muy preocupante, cuya magnitud es difícil de evaluar". De acuerdo con los datos, el 82 por ciento de las incidencias corresponde a personas mayores de 26 años y el 9 por ciento a menores; el 54 por ciento afectan a mujeres; el 62 por ciento hacen referencia a personas en situación administrativa irregular; el 21 por ciento afectan a residentes comunitarios y el 6 por ciento a personas con permiso de residencia.

Asimismo, el tipo de incidencia más frecuente fue la falta de acceso a la atención médica, con un 65 por ciento y la exigencia de compromiso de pago (19%). El 84 por ciento de los registros procedía de capitales de provincia (31 por ciento en Alicante; 9 por ciento en Castellón y un 44 por ciento en Valencia). El 19 por ciento de as incidencias se produjeron en hospitales o servicios de urgencia hospitalaria.

A la vista de los datos, Odusalud insta a la administración sanitaria "como responsable de garantizar el derecho a la protección de la salud y la asistencia sanitaria de los ciudadanos a que asuma todas sus responsabilidades y ponga en marcha medidas adecuadas para verificar y garantizar con especial atención estos mismos derechos en los grupos más vulnerables la comunidad".