Odyssey dice que el juez castiga a quienes cumplen con los protocolos legales

Stemm aseguró a Efe que el dictamen del juez pone en situación comprometida a quienes encuentren ahora yacimientos arqueológicos submarinos, ya que "dudarán" sobre la conveniencia de "llevarlos a un tribunal o informar de ellos a las autoridades".

De alguna manera, prosiguió, el mensaje que envía la recomendación del magistrado será, "a la larga", "muy mala para la herencia cultural submarina".

La empresa estadounidense Odyssey sufrió el miércoles pasado un revés legal en un tribunal de Tampa (Florida) tras la recomendación del juez Pizzo de que el tesoro rescatado en 2007 de un supuesto buque español vuelva a ser custodiado en su país de origen.

El magistrado dictaminó que no tiene jurisdicción sobre el caso y recomendó que el tesoro, valorado en más de 500 millones de dólares, vuelva a manos del Estado español.

Ahora, Odyssey, con sede en Tampa, dispone de diez días para presentar por escrito sus objeciones a la recomendación del magistrado, la cuales serán revisadas por otro juez del mismo tribunal.

La apelación de Odyssey se fundamenta, explicó Stemm, en que la decisión del juez "pasa por alto" aspectos legales muy importantes. Por ejemplo, si la nave de donde procede en tesoro "estaba en una misión comercial o no".

Odyssey sostiene que aún en el caso de que el tesoro recuperado procediese del buque Nuestra Señora de las Mercedes, que se hundió en 1804 tras combatir contra una fragata británica, esa nave "se hallaba comprometida en una misión comercial en el momento de su desaparición".

Para España, las pruebas confirman la identidad de "La Mercedes", perteneciente a la Armada Española, por lo que el cargamento está protegido por el principio de la inmunidad soberana.

James Goold, abogado del Estado español en el juicio, consideró que la posición legal española "está absolutamente clara" porque se fundamenta en "principios legales internacionales".

La reclamación española defendió que los restos de "La Mercedes" pertenecen a un cementerio de guerra y se encuentran protegidos por la inmunidad soberana del Reino de España.

La empresa estadounidense de exploración submarina sostiene que la documentación presentada muestra que la mayoría de las monedas del cargamento recuperado "pertenecían a individuos privados que pagaron unos honorarios por su transporte".

Por lo tanto, los tribunales de Estados Unidos, concluye, "tienen jurisdicción" sobre el caso llamado "Cisne negro".

Stemm agregó que los comentarios del juez Pizzo muestran que "su mayor preocupación" es "respetar la cultura española", algo que "desde un principio" ha sido también la norma de Odyssey.

"Siempre hemos actuado con respeto hacia la herencia cultural española de yacimientos submarinos, los exploradores, descendientes" y el posible país de origen, puso de relieve Stemm.

Odyssey considera que la "devolución de las monedas al Gobierno español, al que nunca pertenecieron, desafía la lógica y la razón", por lo que: "continuaremos vigorosamente defendiendo nuestros derechos" sobre el tesoro, subrayó la empresa.