Oposición, sindicatos y padres consensúan su "frente anti-Wert" en un decálogo de razones para rechazar la LOMCE

En él insisten al pedir al ministro de Educación, José Ignacio Wert, la retirada de la norma, así como la apertura de un proceso de negociación y "diálogo real" con el ministerio. PP, UPyD, BNG, Foro de Asturias y UPN no se han adherido al mismo.

Desde el PSOE, que ha sido el encargado de coordinar esta "demanda de las organizaciones sociales" con el resto de grupos de la Cámara, su portavoz en la materia, Mario Bedera, ha destacado que este documento sirve para hacer un "frente común a la Ley Wert", a través de un documento donde se ponen de manifiesto las "diez ideas fuerza" por las que las organizaciones firmantes rechazan la ley.

Por parte de CiU, Martí Barberà, ha subrayado que en este texto se han introducido "dos aspectos muy básicos" para ellos, como son la defensa de la inmersión lingüística en Cataluña, "básica para nuestro modelo de escuela catalana y la cohesión social", así como un aspecto muy técnico, del ataque a las competencias.

Isabel Sánchez Robles, portavoz del PNV en el Congreso de Educación ve además que éste texto consensuado representa un "magnífico ejemplo democrático" que debería demostrarle al ministro que debe reconsiderar su postura y que es necesario sentarse a negociar y buscar acuerdos, sobre todo porque eso irá en beneficio de los niños y de su futuro.

A juicio del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Joan Coscubiela, Wert está "aislado" en esta ley porque no responde a las necesidades del sistema educativo sino a una "obsesión" por utilizar la situación de la educación al servicio de una "contrarreforma segregadora, centralizadora y homogeneizadora que trata a los alumnos como piezas de engranaje de una máquina" y que ha desoído a la comunidad educativa.

"Wert es como el conductor que va en dirección contraria y tiene a todos los vehículos contra él e insiste en que los que van en la dirección contraria son los otros", ha apuntado, al tiempo que considera que esta ley no puede salir adelante sin el consenso de la oposición ni los agentes educativos. "Un ministro que viene de salvador de la educación no puede ponerla al servicios de sus instrumentos ideologizantes", ha sentenciado.

"EL ALA MÁS DURA DEL GOBIERNO"

Joan Tardà, de ERC, se ha mostrado convencido de que cuanto más "amplio y contundente" sea el "frente antiWert", "más ilegítima será esta ley". Por ello, ha avisado de que si finalmente se lleva en los actuales términos adelante, llamará al no acatamiento de la misma.

"Ahora de lo que se trata es de consolidar un frente para frenarlos en la calle y en el Parlamento. Wert representa el ala más dura y la ideología más extrema de este Gobierno. Es puro Falangismo y no nos lo podemos permitir en una sociedad moderna y avanzada", ha concluido.

Joan Baldoví, de Compromis-Equo, ha subrayado la "soledad de Wert" en esta iniciativa y teme que "una vez más" el PP imponga a la sociedad su propio modelo y el "rodillo de la mayoría" en un tema "tan importante" como la educación.

Entre otros puntos este documento argumenta que la LOMCE promueve un sistema de reválidas con efectos "punitivos" en vez de formativos, que alienta a su vez la desconfianza hacia el profesorado y limita la formación integral del alumnado.

Igualmente, sostiene que el Gobierno es incapaz de buscar un consenso en materia de educación que pueda dar estabilidad al sistema educativo español, despreciando a la comunidad educativa y a los interlocutores sociales y políticos, "con los que nunca se contó salvo para pedir su adhesión al texto".

Es más, este texto critica que el proyecto de ley de reforma educativa carece de memoria económica "creíble y suficiente" o que conculca el principio de igualdad de oportunidades al producir "segregación temprana, permitir la publicación de ránkings y favorecer la exclusión del alumnado con dificultades".

Del lado sindical, han avisado de que, de no producirse el contacto con los agentes sociales, van a reanudar el calendario de movilizaciones contra esta ley educativa que promueve el Gobierno para después de verano.