La Organización Mundial de la Salud rechaza que las vacunas infantiles puedan provocar autismo

De esta forma, las dosis administradas contra enfermedades como el sarampión, las paperas o la rubéola no estarían afectando a la incidencia de autismo entre los menores, sostiene. "No existen estudios previos que sugieran una relación causal", zanjan.

Respecto a la patología, la institución afirma que forma parte de un grupo de trastornos complejos del desarrollo del cerebro, entre los que se encuentran "el trastorno desintegrativo infantil y el síndrome de Asperger". Todos ellos se caracterizan "por dificultades en la interacción social y la comunicación, y pocas y repetitivas actividades e intereses", señalan.

Actualmente, y según estudios recientes, el autismo afecta a uno de cada 160 niños en el mundo, una tasa considera por la OMS como "sustancialmente alta". No obstante, el funcionamiento intelectual es "muy variable" en los pacientes, explican.

En este sentido, manifiestan que éste puede llegar a "la alteración profunda de las habilidades cognitivas no verbales superiores". De cualquier manera, los niños autistas que sufren discapacidad intelectual son un 50 por ciento de ellos.

Por ello, ofrecen criterios para la detección de la patología, entre los que se encuentran "el retraso en el desarrollo o la regresión temporal en el lenguaje". Aunque diagnosticar la enfermedad es "difícil antes de los 12 meses de vida del menor, éste "es posible a la edad de dos años", declaran en su boletín 'on line' tras reciente actualización.

Al tiempo que sostienen que factores genéticos y ambientales pueden influir en la aparición del autismo, la OMS subraya que los padres de los pacientes tienen un papel "esencial" en la prestación de apoyo a los niños. Éstos pueden realizar "con éxito" la terapia psicosocial y de comportamiento a sus hijos", añaden.

Al respecto, en el mes de mayo, la organización recogió en su Consejo Ejecutivo una resolución sobre el manejo del espectro autista. En ella, se insta a los Estados miembros a aumentar la capacidad de los sistemas sanitarios y sociales para prestar servicios a personas y familias con este trastorno, así como otros del desarrollo.