Organizaciones sociales tachan de "insuficiente" la respuesta de España ante la condena de la ONU en caso de desahucio

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas obligó a España presentar una serie de medidas para implementar las recomendaciones del dictamen. España tenía que presentar, en el plazo de seis meses, una respuesta por escrito.

Sin embargo, las organizaciones firmantes tachan de "absolutamente insuficiente" la respuesta dada por parte de las autoridades españolas a esta condena y a las recomendaciones de Naciones Unidas, entre las que se encuentran la obligación de ofrecer una reparación efectiva a las víctimas, asegurar que su legislación y su aplicación son conformes con las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda y la obligación de prevenir violaciones similares en el futuro.

Además, definen como "alarmante" que España "no incluye, en el escrito enviado al Comité, cómo va a establecer garantías de no repetición y cómo va a prevenir violaciones de este tipo en el futuro". Asimismo, denuncian que "tampoco ofrece una sola medida concreta para cumplir el dictamen, sino que simplemente remite a documentos pasados ya presentados ante el Comité y previos en cualquier caso al dictamen".

Según precisan, la "única" respuesta que ha dado el Estado español ha sido la de "informar acerca de que la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para que los afectados puedan presentarse a los procedimientos abiertos para la adjudicación de vivienda pública protegida".

Igualmente, ponen de manifiesto que la familia afectada, que tras el desalojo se vio obligada a vivir en un coche durante unos diez días, por falta de recursos y que actualmente habita ya en una vivienda adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid, asegura que "ninguna autoridad del Estado se ha puesto en contacto con ellos, ni siquiera para mostrar una disculpa".

En este contexto, exigen: un incremento presupuestario orientado a aumentar el parque de viviendas sociales de alquiler con el fin de garantizar el acceso y el realojo de personas sin recursos; y reformas de las leyes procesales, incluida la Ley de Enjuiciamiento Civil, para incrementar las garantías de protección del derecho a la vivienda incluyendo el juicio de proporcionalidad que obligue a los jueces a evaluar caso por caso la proporcionalidad y razonabilidad de los desahucios de viviendas.

Asimismo, proponen la adopción de protocolos que mejoren la coordinación entre juzgados y servicios sociales orientados a garantizar a las personas sin recursos un alojamiento adecuado alternativo; y la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para reforzar los derechos de las personas arrendatarias y proteger su seguridad a la tenencia de la vivienda.

Las organizaciones firmantes de este comunicado, entre las que también se encuentran Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatori DESC y Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado de este dictamen.