El bloqueo del PP a la subasta de fármacos de Andalucía no afectará a los concursos públicos de los hospitales

En la primera reunión de la ponencia encargada de elaborar el dictamen del proyecto de Ley que se debatirá este jueves en la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta, los 'populares' han mostrado su intención de modificar una de sus enmiendas que impedía modificar el precio industrial de los medicamentos salvo que el descuento obtenido fuera "aplicable en todo el territorio nacional".

El PSOE denunció dicha enmienda ya que entendían que entraba en contradicción con la subasta de medicamentos aprobada por la Junta de Andalucía y recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

Pero además, como reconocía el portavoz socialista José Martínez Olmos, podía "acabar de un plumazo" con la posibilidad de que los centros sanitarios públicos de todas las comunidades autónomas aprovechen los concursos públicos para obtener ahorros al adquirir suministros de medicamentos mediante este procedimiento, lo que les permite ahorrar entre 800 y 1.000 millones de euros anuales.

Sin embargo, fuentes parlamentarias han informado a Europa Press que el PP podría modificar su enmienda para no afectar a los concursos públicos de los hospitales, ya que el bloqueo del precio industrial de los medicamentos sólo sería efectivo para los medicamentos de venta en farmacia.

Así, además, la enmienda seguiría poniendo en riesgo la viabilidad de futuras subastas de fármacos en Andalucía, e impediría igualmente la puesta en marcha de tasas que modificaran el precio de los medicamentos, como el euro por receta de Madrid y Cataluña.

Por otro lado, las mismas fuentes parlamentarias han informado de que finalmente la reforma de la Ley del medicamento seguirá dando prioridad a los productos genéricos o biosimilares a la hora de dispensar medicamentos del mismo precio. No obstante, en el caso de los biosimilares se les podría obligar a estar sujetos a una regulación específica.

Además, una enmienda transaccional incorporará al texto la petición de varios grupos de permitir a los fisioterapeutas indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos.

Se trataba de una "demanda histórica" de estos profesionales que afectará a aquellos medicamentos no sujetos a prescripción médica y productos sanitarios relacionados con el ejercicio de su profesión.