PP pide que la Ley de Responsabilidad Ambiental aclare el régimen de las evaluaciones ambientales a las desaladoras

En concreto, la Ley de Responsabilidad Ambiental tiene por objetivo reforzar los aspectos preventivos y ampliar la protección del medio ambiente marino, así como simplificar y agilizar al procedimiento de constitución de garantías financiera obligatoria y mejorar las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental.

En total, los grupos parlamentarios han presentado unas 40 enmiendas al articulado de la ley, de las que dos pertenecen al Grupo Popular. La primera, antes mencionada, plantea la adición de una disposición final a la Ley de forma que se modifique la Ley de Calidad del Aire y de Protección a la atmósfera.

En ella, el PP pretende "aclarar" el régimen aplicable a las medidas ambientales de evaluación y autorización que deben aplicarse a las instalaciones de tratamiento de aguas, instalaciones de depuración de aguas residuales, instalaciones desaladoras y desalinizadoras.

"En el caso de que las mismas estén sujetas a evaluación ambiental o sometidas a autorización ambiental integrada, no les será de aplicación el régimen previsto en el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas", agrega el PP.

CAMBIAR LA LEY DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

En la segunda enmienda que ha presentado a este proyecto de ley, los 'populares' propone una modificación de la Ley de 2001 del Plan Hidrológico Nacional, para que una disposición final segunda contemple las nuevas actuaciones de interés general que se han realizado en la Demarcación del Duero, del Guadalquivir, así como en el Ebro.

Según justifica el PP, todas estas obras están incluidas en el Plan Nacional de calidad de las Aguas 2008-2015, que tiene por objetivo el cumplimiento de la directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y contribuir a alcanzar el objetivo que la directiva del agua exige para 2015.

"Se entiende por procedente y oportuna la declaración como obras de interés general citadas al objeto de reforzar la seguridad jurídica de las actuaciones de la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España S.A y de los órganos que deben autorizar y aprobar los proyectos y habilitar, conforme a derecho, las prerrogativas administrativas que la ley atribuye a las obras hidráulicas de interés general", subraya el PP.

Esta norma consta de 49 artículos, agrupados en seis capítulos, y de una parte final integrada por catorce disposiciones adicionales, una transitoria y seis finales, así como de seis anexos.