PP y UPyD rechazan la petición de CiU de que CCAA gestionen el destino social del 0,7% de la casilla del IRPF

El PP y UPyD han rechazado en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley de CiU que planteaba que las propias comunidades autónomas fueran las que decidieran sobre el destino social o medioambiental del 0,7% del IRPF. Así, la iniciativa no iniciará su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja, a pesar de que los portavoces de IU-ICV, ERC y BNG hayan apoyado la iniciativa. Mientras, el PSOE y PNV han asegurado su abstención en la votación.

La portavoz del PP en la materia, Ana Madrazo, ha defendido que su grupo parlamentario va a votar "rotundamente" en contra de la toma en consideración de esta iniciativa porque "carece del mínimo sentido común" ya que, según ha insistido, se trata de una cuestión humanitaria y "no se puede territorializar la solidaridad de los españoles con los colectivos más vulnerables".

La diputada ha insistido en que al PP le es "indiferente" el territorio al que pertenezcan las personas. Asimismo, ha argumentado que la regulación actual sobre la materia "es la más adecuada". "No creemos en la solidaridad nacionalista porque eso se transforma en insolidaridad con las personas y por ello vamos a votar en contra de la toma en consideración", ha reiterado la 'popular'.

Mientras, desde UPyD, Álvaro Anchuelo, ha criticado que los grupos que apoyan esta territorialización "olvidan el fin del dinero", que es combatir los "males sociales". El diputado de la formación magenta ha subrayado que el dinero tendrá que ir donde se concentran la pobreza y la exclusión social y por eso la transferencia de esta recaudación no debe entender de fronteras.

"No pensamos en los territorios sino en las personas que viven en esos territorios y tienen que ir a quienes atraviesan situaciones de pobreza, independientemente de donde vivan", ha insistido.

SÍ A TERRITORIALIZAR

En cambio, sí han apoyado a CiU en sus intervenciones en el Pleno, aunque de forma insuficiente los portavoces de IU-ICV, de ERC y del BNG.

En defensa de la iniciativa, el portavoz de Servicios Sociales de CiU, Carles Campuzano, ha subrayado que esta iniciativa responde a una demanda del tercer sector catalán, donde "goza de un robusto apoyo político", incluido el de la 'popular' Alicia Sánchez Camacho, según ha asegurado.

A su juicio, se trata de una "demanda justificada" porque el esfuerzo de los contribuyentes catalanes en la declaración de la renta "no se ve compensado con un suficiente retorno" y llegan a Cataluña 22 millones de euros menos de lo que se debería.

En ella, los nacionalistas catalanes proponían también que esta territorialización de fondos se efectuase de acuerdo con la recaudación que en el territorio de cada comunidad se obtenga por este concepto; un punto que ha criticado el diputado del PSOE, Luis Carlos Sahuquillo, apelando a la solidaridad interterritorial.

Además, Campuzano ha recordado cómo en la anterior legislatura el Congreso aprobó una moción con la que se comprometía al Gobierno a establecer criterios que permitieran, de forma gradual, la distribución territorial entre las comunidades autónomas de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a fines sociales.

Asimismo, CiU cree que se debería territorializar este 0,7% del IRPF porque son las comunidades autónomas quienes tienen la competencia en acción social, servicios sociales, voluntariado, asociaciones y fundaciones, y "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo ha afirmado hasta en 12 sentencias".

Al no salir adelante, el diputado catalán ha asegurado que en la tramitación de la Ley del Tercer Sector, actualmente en tramitación parlamentaria, sí lo planteará en la fase de enmiendas.

Por parte de IU-ICV, Laia Ortiz ha argumentado entre otros puntos que la actual regulación ha generado situaciones "injustas" y Cataluña recibe menos de lo que aporta, a pesar de que es la comunidad autónoma que marca diez puntos por encima de la media de España la casilla social. "Eso genera desapego", ha advertido, más aún cuando hay sentencias que avalan este modelo de territorialización fiscal.

Desde ERC, Alfred Bosch cree que el PP al negar esta iniciativa se refuerza su posición de querer independizarse de España. Al mismo tiempo, ha recordado que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias de servicios sociales. "El Gobierno recentraliza estas competencias que no le corresponden", ha insistido.

La portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, ha manifestado su apoyo a esta iniciativa porque "desgraciadamente" el Gobierno no cumple las sentencias sobre el asunto y cree que esta propuesta podría ser una forma para que "definitivamente" el Gobierno actúe en la dirección de las "múltiples sentencias judiciales".

ABSTENCIÓN DE PSOE Y DE PNV

Desde el PSOE, Luis Carlos Sahuquillo ha señalado que su grupo parlamentario no comparte el objetivo de la proposición de ley de CiU de que la territorialización sirva para que cada comunidad recaude lo que ha aportado al marcar la casilla del 0,7%.

Pedro Azpiazu, del PNV, considera que se trata de una iniciativa "recurrente" y que aún "no se ha resuelto", cuando "está claro" que la competencia social está en manos de las comunidades autónomas. "El Gobierno debe hacer una reflexión de una vez en serio y ceder a las comunidades autónomas el 0,7% del IRPF para que cada institución haga lo que tenga que hacer", ha sentenciado.

El diputado vasco ha explicado que su formación va a abstenerse en la toma en consideración de esta proposición de ley ya que el IRPF en el País Vasco es un tributo concertado y este 0,7% se gestiona desde las instituciones del ámbito autonómico vasco.