El PSOE preguntará mañana a Fernández Díaz a qué espera para presentar el reglamento de los CIE en el Congreso

La portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperanza Esteve, preguntará este miércoles al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a qué espera para presentar el reglamento para ordenar el funcionamiento de los nueve Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que existen en España, una norma pendiente desde 2010, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de 2014.

En la actualidad, el funcionamiento de los centros está regido por una orden ministerial de hace doce años, firmada por quien fuera en 1999 ministro del Interior, Francisco Álvarez Cascos, y basada en una Ley de Extranjería de 1985 que ha sufrido severas modificaciones desde entonces.

En declaraciones a Europa Press, la diputada catalana critica que el PP, desde que está en el Gobierno, haya anunciado su "inminente presentación" y ya hayan pasado dos años desde que se encuentra al frente del Ejecutivo.

EN FASE DE CONSULTAS

El Consejo de Estado ya tiene sobre la mesa el proyecto del Ministerio del Interior que establecerá el reglamento de los CIE, una norma que según la Ley de Extranjería de 2009, debería llevar en vigor al menos, desde junio de 2010 y cuya aprobación se ha ido posponiendo, según ha informado esta institución.

De hecho, está previsto que el órgano consultivo se pronuncie al respecto a lo largo de este mes, según han confirmado fuentes de la institución.

El propio ministro del Interior dijo pocos meses después de llegar al Gobierno que este asunto tendría prioridad y desgranó, en la primera visita con periodistas a un centro de estas características, el CIE de Aluche (Madrid), algunos de sus planes para regular el funcionamiento de lo que muchas ONG llaman "los guantánamos europeos".

En abril de 2012 dio a conocer un primer borrador y lo sometió a consulta de distintos ministerios, organizaciones sociales, grupos parlamentarios y organismos como Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial, quienes hicieron sus aportaciones. Fruto de esta 'ronda' se ha cerrado el proyecto sobre el que emitirá el último dictamen el Consejo de Estado en los próximos días.

La última versión mantiene en esencia la planteada en el borrador inicial. Estas instalaciones policiales donde se puede privar de libertad a un extranjero hasta 60 días para tramitar su expulsión, pasarán a llamarse 'Centros de Estancia Controlada de Extranjeros', estarán regidas por un director del Cuerpo Nacional de Policía y en su interior, trabajará personal cualificado en la atención a los internos.

El texto prevé establecer servicios de atención sanitaria permanentes a cargo de un médico de la red pública y contempla "procurar" la separación de los internos con antecedentes penales de quienes están retenidos sólo por carecer de un permiso de residencia, y de aquellos que por enfermedad o toxicomanía así lo requieran.

LOS INTERNOS TENDRÁN NOMBRE

También introduce la obligación de llamar a los retenidos por su nombre y no con un número, como se hace ahora, y permite el acceso de las ONG a las instalaciones, previa acreditación y bajo un posible examen personal de seguridad a sus miembros, conforme establece el artículo 60.

Además, resta poder al director, que ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas por parte de los internos. A su vez, se ha eliminado la previsión de que las comunicaciones con abogados y consulados tuvieran supervisión policial.

Sin embargo, se mantienen algunos aspectos que suscitaron críticas en los agentes consultados, como las restricciones al horario de visitas, fijando un máximo de dos días por semana de duración superior a 30 minutos cuando no se trata de familia nuclear. En la actualidad, no existen este tipo de limitaciones. Con todo, se elimina el máximo previsto de dos personas por visita, cuestión que se deja en manos de cada centro.

LOS REGISTROS Y CACHEOS, SIN DESARROLLO

Asimismo, en el artículo 6 mantiene la previsión de crear 'Centros de estancia o funcionamiento temporal', una modalidad que no aparece en la Ley de Extranjería y que no se vuelve a mencionar el resto de la normativa. La norma recoge además, expresamente, que no será aplicable en las Salas de Inadmisión de Fronteras, como las de los aeropuertos, donde los extranjeros pueden estar detenidos hasta 72 horas.

Uno de los asuntos más polémicos del primer borrador fue la regulación de los registros corporales o cacheos. El CGPJ dijo en su informe que esta práctica "no está prevista legalmente", ni con carácter general ni en situaciones excepcionales, por lo que el reglamento excedía "el ámbito de la habilitación y cobertura legal para adoptar una medida de esta naturaleza".

El Tribunal Constitucional, en enero de 2013, declaró esta práctica acorde al derecho constitucional a la intimidad, siempre y cuando se ajuste a una serie de cautelas que no figuran en el reglamento, donde sólo se recoge el literal de la Ley de Extranjería: "Cuando sea necesario para garantizar la seguridad del centro, el Director podrá acordar la inspección de los dormitorios de los internos así como de sus ropas y enseres".

LAS APORTACIONES DE LOS GRUPOS

Además, el contenido desoye algunas de las peticiones de los grupos parlamentarios, y que hicieron llegar al Ministerio del Interior. Desde el PSOE se había pedido garantizar módulos para la reagrupación familiar, un horario de visitas más amplio y acceso gratuito a Internet para los internos.

Desde CiU, recomendaban que los internos pudieran contar con orientación jurídica mediante convenios con los colegios de abogados de cada circunscripción, así como medidas especiales de asistencia para internos con discapacidad y para víctimas de trata. Este grupo fue quien promovió una proposición no de ley aprobada por unanimidad en diciembre que instaba al Ejecutivo a informar anualmente sobre la situación de los CIE y sus internos.

Aunque la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) pide el cierre de los CIE, elevó propuestas al reglamento como reforzar su carácter no penitenciario evitando que su gestión dependa de Interior y de la Policía. En el PNV recomendaron crear mecanismos alternativos para los retenidos sólo por estancia irregular y, ante las repatriaciones, respeto a su derecho a la asistencia jurídica para recurrirla.