El PSOE exige al Gobierno que evalúe el impacto que tendrá en los ciudadanos la desfinanciación de algunos medicamentos

Con esta iniciativa, los socialistas instan al Ejecutivo a que la sanidad pública recupere la universalidad como "principio y fundamento básico" del sistema público de salud. Además, defienden la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) en los "mismos términos" que se establecen en la ley de Cohesión y Calidad del SNS, con el objetivo de anular la reducción de prestaciones sanitarias financiadas con fondos públicos que implica el actual Decreto.

De este modo, el PSOE hace referencia a la Ley General de Salud Pública del año 2011, que universalizó el derecho a la protección de la salud y la gratuidad de la asistencia sanitaria pública, y denuncia que la actual normativa haya derogado los preceptos que establecía esta ley dejando "sin cobertura sanitaria directa" a los profesionales y a todos aquellos que no tengan "ningún vínculo" con la Seguridad Social y cuyos ingresos superen un determinado límite que, apostilla, "la norma no precisa".

En este sentido, la secretaria de Política Social del PSOE ha recordado que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha promovido una ley para reformar el sistema sanitario en la que, ente otras cosas, se exige que para el año 2014 la mayoría de los estadounidenses tengan un seguro médico o, en caso contrario, paguen una multa.

"Ahora cuando en Estados Unidos se ha conseguido un gran avance porque se universaliza el sistema público, en España estamos dando un paso atrás dejando a la sanidad para aquellos que cotizan en la Seguridad Social", ha recalcado Jiménez.

EVALUAR EL IMPACTO DE LA DESFINANCIACIÓN

Por otra parte, la dirigente socialista se ha referido a la decisión del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de excluir unos 425 medicamentos de la financiación pública y ha lamentado que esta decisión se haya hecho "sin contar" con las sociedades científicas, con los profesionales sanitarios y con los farmacéuticos y, por tanto, se haya tomado de una manera "arbritaria y sin ningún fundamento científico ni clínico".

Por este motivo, Jiménez ha anunciado que van a exigir al Gobierno, y especialmente al departamento que dirige Ana Mato, que cumpla la ley de Salud Pública que establece, "en el artículo 35", que todas las medidas que se tomen tienen que estar sometidas a una "evaluación y a un impacto en materia de salud".

"Queremos que se evalúe el impacto que tendrá en los pensionistas y sobre los ciudadanos y que se revise el listado de medicamentos con los profesionales porque son ellos los únicos que están en condiciones para decidir qué medicamentos son indispensables para el tratamiento de algunas patologías", ha recalcado Jiménez, al tiempo que ha insistido en que estas medidas son "apresuradas, economicistas, no logran mejorar la sostenibilidad del SNS y tienen un impacto negativo en la salud de los españoles".

Respecto al copago, que se va a implantar el próximo 1 de julio, la que fuera ministra de Sanidad en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que es una medida "profundamente injusta" y ha exigido al Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para que los pensionistas no tengan que pagar por adelantado los medicamentos y que se les devuelva el dinero con la "mayor rapidez" posible.

Dicho esto, Jiménez ha recordado que algunos pensionistas no van a poder hacer frente al gasto del 10 por ciento de sus medicamentos y ha avisado de que muchos "dejarán de comprarlos". Por último, ha criticado que no se haya explicado la forma en la que se va a realizar y ha comentado que actualmente, y a dos días de la implantación, "muchas farmacéuticas desconocen cómo se va a realizar".