El PSOE incluirá el derecho a una cobertura sanitaria pública en su propuesta de reforma de la Constitución

Este es uno de los planteamientos que hace el PSOE en el documento 'Propuestas para una Sanidad Pública, Universal y Eficiente' que presentará este domingo en Albacete y que centrará el sexto de los debates que el partido está organizando de cara a la Conferencia Política del próximo mes de octubre en la que espera culminar su proceso de "renovación".

Entre sus objetivos en caso de ganar las elecciones estaría la derogación de la reforma sanitaria de la actual ministra del ramo Ana Mato, que a su juicio ha supuesto "la expulsión de muchos miles de personas de la cobertura sanitaria y la introducción de nuevos y mayores copagos".

Por ello, junto a esta derogación promoverán una nueva normativa que permita la recuperación de la cobertura universal del derecho a la atención sanitaria y la protección de la salud, lo blindarán mediante la Constitución y definirán un nuevo derecho ciudadano a la atención sanitaria pública, que no estará "sujeto a ningún tipo de seguro, aportación o cualquier otra circunstancia discriminatoria".

Además de esta reforma constitucional, harán que sea el propio ministerio y no el Instituto Nacional de la Seguridad Social quién se encargue del reconocimiento operativo del derecho.

Por otro lado, en el contexto de la reforma fiscal que promueve el PSOE, quieren que la sanidad pública tenga la necesaria suficiencia financiera, para lo que proponen invertir en sanidad pública un 7 por ciento del PIB en el horizonte de dos legislaturas (actualmente está en un 6,5 por ciento, según aseguran) y que los presupuestos destinados a la sanidad tengan una afectación finalista.

De este modo se garantizaría que, tanto los ingresos potenciales generados como los ahorros que se generen por una mejor gestión de los recursos sanitarios, se destinen "exclusivamente y en su totalidad" a financiar la sanidad pública.

ANULARÁN LAS PRIVATIZACIONES DEL PP

El PSOE defiende también la elaboración de una ley de buen gobierno y gestión del SNS, que entre otras medidas irá destinada a "revertir" las decisiones de privatización de la gestión impulsadas por el PP, que a su juicio son "una subcontratación parcial de aseguramiento sanitario público a empresas mercantiles".

Esto, según apuntan, da lugar a "problemas de gestión, financiación, endeudamiento y sostenibilidad con el peligro de romper la equidad del sistema. Además, aseguran que "está demostrado que estas iniciativas no son más eficientes.

Esta ley de buen gobierno servirá para impulsar la autonomía de gestión y el fomento de la gestión clínica, la introducción de órganos colegiados de gobierno a todos los niveles, ante los que deban responder los gestores, la profesionalización de éstos asegurando la exclusión de criterios políticos en su designación, la obligatoriedad de la transparencia (poner a disposición del público la información pública), regulación de conflictos de interés y mecanismos eficaces contra el fraude y la corrupción.

Entre sus propuestas también están la elaboración de indicadores de funcionamiento y de calidad de cada centro sanitario disponibles para la ciudadanía, su incorporación en procesos de rendición de cuentas por parte de los responsables de los servicios públicos de salud, y promover de nuevo la ley de Muerte Digna, impulsada durante la última etapa del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.