PSOE plantea que el juez quite la custodia de hijos y las visitas si hay indicios de maltrato, aunque no haya denuncia

Así lo ha adelantado la portavoz socialista en la Cámara Baja, Soraya Rodríguez, acompañada por las portavoces del PSOE en el Congreso en materia de Igualdad, Carmen Montón y Ángeles Álvarez, así como de las representantes de la Asociación de Mujeres Juristas Themis y de la Fundación Mujeres, en un receso de su reunión para preparar esta iniciativa.

Rodríguez ha detallado que en esta proposición de ley orgánica se circunscriben y reforman una serie de artículos de la legislación actual para dar pautas "muy claras" al juez para motivar este tipo de medidas de protección, "y si no las adopta explique y razone por qué no lo ha hecho".

El objetivo final de la misma es reforzar la protección de los menores hijos de víctimas de violencia de género, ante el elevado número de víctimas menores y los "dramáticos casos" de asesinatos de estos a manos de sus progenitores, en procedimientos de separación, nulidad o divorcio de parejas, inmersas también en situaciones de violencia de género.

Aunque la socialista insiste en que España cuenta con la Ley Integral contra la Violencia de Género, "que protege también a los menores hijos de las víctimas de violencia de género", a la vista de lo sucedido quiere que se refuerce en el ordenamiento jurídico esta situación de riesgo que pueden sufrir los menores hijos de víctimas de esta lacra.

Con ello, detalla que esta proposición de ley "va más allá" al plantear la modificación de varios artículos del Código Civil para pedirle al juez que, cuando tenga que tomar medidas sobre el régimen de visita, o la guarda y custodia del menor, atienda a la situación de un procedimiento penal abierto o no por violencia de género.

"Debe atender a la situación del otro progenitor incurso o imputado y debe adoptar la suspensión de la guarda y custodia o de las visitas y del régimen de encuentros de este progenitor con los menores", ha incidido.

En el caso de que no se haya iniciado el procedimiento por parte de la víctima de violencia de género, pero el juez cuente con indicios suficientes a la vista de los hechos, y siempre dentro de ese proceso de separación, nulidad o divorcio, "debe razonar por qué entiende que no hay riesgo para el menor y no hay esa situación de violencia y no adopta medidas de protección".

En este sentido, pide la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para reforzar la Ley de protección de víctimas de Violencia en la protección de los hijos menores.

QUEBRANTAMIENTO DE CONDENAS Y "PRUEBA DIABÓLICA"

Asimismo, propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 87, para que los juzgados de violencia de género conozcan directamente el quebrantamiento de las condenas de los maltratadores, así como de las medidas de seguridad porque, según ha alertado, se han producido algunos asesinatos a mujeres en situaciones de quebrantamiento de penas o medidas de seguridad.

"Pensamos que es el juzgado de violencia el que ha llevado el proceso, el que tiene más datos para valorar el nivel de riesgo que corre la víctima en casos de quebrantamiento", ha reiterado.

Es más, quiere introducir cambios en el Código Penal, algunos "importantes" en relación a las últimas decisiones de algunas audiencias provinciales en las que no habiendo un criterio único se están produciendo algunos casos de "clara indefensión" de las víctimas de violencia.

Es decir, quiere que el delito de violencia de género no esté circunscrito a la "prueba diabólica" por parte de la víctima de ese "ánimo de dominación" y no tenga por qué demostrar que está sufriendo violencia de género porque si no avisa de que el delito se quedará "en una simple falta", donde se desprotegerá tanto a la mujer víctima como a sus hijos.

"En muchas audiencias provinciales se está exigiendo una prueba diabólica del ánimo de dominio cuando se produce un delito de violencia de género. Y el ánimo de dominación sobre la víctima supone realmente una prueba diabólica porque la dominación está presente en la descripción de lo que es la violencia de género, que se basa en una situación de discriminación histórica", ha relatado.

EL GOBIERNO RETROCEDE EN VIOLENCIA DE GÉNERO

Con todo ello, ha alertado de que el Gobierno intenta retroceder en la protección a las víctimas en algunas modificaciones legislativas, como en el caso del anteproyecto de Código Penal, donde, a su juicio, se produce "un retroceso muy claro" en la respuesta penal que hasta ahora se venía dando con la Ley Integral de Violencia de Género.

"Es una situación gravísima de terrorismo machista, en el que lamentablemente asistimos a un número de mujeres asesinadas cada mes. No es un problema de las mujeres, sino de toda la sociedad. Las grandes declaraciones de planes --del Gobierno-- no arreglan esta situación y sí propuestas legales, así como presupuestos para luchar, prevenir y asistir a las víctimas. Ahí no se puede dar un solo paso atrás, ni un solo cierre de casas de acogida", ha defendido.

ASOCIACIONES DE MUJERES

Por su parte, Amalia Fernández, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, reclama "aún más" en materia de violencia de género de lo que ya hay establecido por ley porque, en su opinión, hay que acabar con esta lacra social y para ello se necesitan más medidas y presupuesto. "Toda la reforma debe ir acompañada de un presupuesto y valoramos positivamente el tema de la protección de los menores", ha apostillado.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, considera que iniciativas de estas características tienen como objetivo dotar de más instrumentos al poder judicial para poder cumplir las recomendaciones que ya están en la Ley de Violencia de Género pero que en este momento no se están cumpliendo. "Son absolutamente necesarias", ha puntualizado, para que dejen de producirse episodios de una mala aplicación de los criterios de custodia o patria potestad en los casos en los que concurra la violencia de género.