PSOE pide más plazas de profesores universitarios, el retorno de investigadores españoles y un estatuto del PDI

"Con esta iniciativa pretendemos acabar con la precariedad y la inestabilidad, y evitar el envejecimiento de las plantillas de docentes universitarios", ha explicado la portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, tras registrar la iniciativa junto con el portavoz de Universidades, Manuel Cruz, que ha alertado de que las políticas del Ministerio de Educación "están abocando a los profesores precarios interinos a una situación materialmente insostenible".

En la iniciativa, los socialistas denuncian "el recorte drástico" de la dotación presupuestaria y el "empeoramiento" en las condiciones de trabajo del PDI y ponen de manifiesto que "la política universitaria del Gobierno y los fuertes recortes han provocado que el sistema universitario español haya retrocedido en sus logros, han puesto en riesgo la calidad del sistema, y han impedido el normal desarrollo de la labor docente e investigadora".

Indican que la reducción del número de personal PDI en las universidades públicas en España "es evidente" y señalan que de 100.331 en 2011 se ha pasado a 94.453 en 2016, y se han perdido cerca de 5.500 docentes. También denuncian la pérdida de talento y la fuga de jóvenes investigadores.

Los socialistas pretenden con esta iniciativa es abrir un marco de negociación con el Consejo de Universidades --rectores-- y la Conferencia General de Política Universitaria --comunidades autónomas-- para que se incremente la oferta de plazas, así como crear programas específicos que reconozcan en los procesos de acreditación y los concursos de acceso a los méritos de los jóvenes profesores e investigadores que se encuentran en el extranjero, de manera que puedan regresar a España.

Asimismo, reclaman un nuevo plan de financiación estable para las universidades españolas. En última instancia, también buscan modificar los criterios de acreditación de la ANECA, que han sido criticados por la "ausencia de negociación en todo ese proceso", y que, a juicio de estos portavoces, está creando un "grave perjuicio" para la acreditación del profesorado universitario y su capacidad de mejora y de estabilidad en el sistema.