El PSOE pide exigir por ley a los servicios de atención al cliente una respuesta en el plazo máximo de un mes

Según explican los socialistas en su iniciativa, que recoge Europa Press, esta propuesta responde a que la normativa vigente "no parece haber logrado el resultado perseguido" en relación a la calidad de atención al cliente en los servicios de las empresas.

A su entender, la práctica administrativa en la gestión de las quejas o reclamaciones de los consumidores y usuarios revela que existe "un elemento común en la mayor parte de éstas, manifestado a través de un creciente descontento" en cuanto a la atención al cliente.

Así, en el documento, ha recordado que "muchas" de las quejas y reclamaciones formuladas ante los servicios de consumo no se presentarían si las empresas dispusieran de servicios de atención al cliente "más eficaces".

En cuanto al tiempo de resolución de consultas, el grupo socialista pide que si la atención es telefónica, el tiempo que transcurra desde la recepción de la llamada hasta que el consumidor se comunique de forma directa con el operador o agente comercial responsable de la atención personalizada será de menos de un minuto para más del 90 por ciento de las llamadas.

Además del tiempo de atención al cliente, solicita que el personal que preste la atención personalizada a los usuarios cuente con una "formación y capacitación especializada" en función del sector o de la actividad que garantice la eficiencia en la gestión que realice.

A tal efecto, la empresa prestadora del servicio sería responsable de proporcionar a su personal la formación y capacitación continuada que necesaria para adaptar sus conocimientos sobre la actividad a las variaciones tecnológicas y necesidades del mercado.

SERVICIO 24 HORAS Y 365 DÍAS

Asimismo, establece que el servicio de atención al cliente estará disponible estará disponible 24 horas, 365 días al año, en el ámbito de los servicios de comunicaciones electrónicas y el suministro eléctrico, de gas y de agua.

En cualquier caso, esta ley no será de aplicación a las empresas que ocupen a menos de 250 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no exceda de 43 millones de euros.