El Parlamento Europeo aprueba un plan que incluye la defensa legal gratuita para maltratadas

La Eurocámara ha respaldado hoy en sesión plenaria un informe redactado por la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del PE con el fin de elevar en los Veintisiete el nivel de protección y de asistencia a las mujeres que sufren violencia machista.

El texto, que ha sido aprobado por una amplia mayoría del PE, propone medidas como la redacción de una carta europea de servicios mínimos de asistencia para las víctimas de la violencia contra las mujeres "que debería incluir el derecho a la asistencia jurídica gratuita".

El documento pide a los Estados miembros "que se aseguren de que los agresores son castigados de acuerdo con la gravedad del delito" y que "garanticen la formación de funcionarios especializados".

También hace especial hincapié en la necesidad de una tipificación propia del delito de violencia machista, algo que ya incluye la legislación española pero no está reconocido en toda la Unión.

En algunos estados miembros, la violencia de los hombres contra las mujeres en forma de violación "no se considera un delito perseguible de oficio", señala el documento.

El texto define la violencia contra las mujeres como "una de las formas más graves de violación de los derechos humanos" por motivos de género, y destaca la necesidad de sacar a la luz "el fenómeno oculto" de la violencia doméstica contra otras víctimas como niños, hombres y personas de edad avanzada.

Asimismo, apoya la puesta en marcha en todos los países de servicios ya implantados en España, como la creación de centros de ayuda y acogida para las mujeres maltratadas.

La estrategia también apuesta por desarrollar métodos más eficaces de detección de este tipo de violencia, y en particular, por elaborar protocolos de investigación específicos para la policía y los profesionales del sector sanitario con el fin de obtener pruebas de los abusos.

En el mismo sentido, se propone la oferta de formación específica sobre violencia de género para jueces, funcionarios de la policía criminal, profesionales de la salud y la educación y personal de apoyo a las víctimas.

Entre otras medidas, el informe reclama a la Comisión que ponga en marcha un observatorio de la violencia contra las mujeres a nivel europeo, una medida destinada a evaluar el alcance de este problema en toda la UE y que ya han respaldado los Veintisiete.

Según los datos del informe del PE, la violencia doméstica ha afectado alguna vez a una de cada cuatro mujeres, y además este tipo de abusos tienen un coste anual del orden de 33.000 millones de euros en los Veintisiete.