Pensionistas se concentran en el Parlamento para exigir que no se aplique en Euskadi el "repago" farmacéutico

Asociaciones de pensionistas de Euskadi y Navarra se concentrarán este jueves, día 27, ante el Parlamento vasco para exigir que no se aplique en Euskadi el "repago" farmacéutico, que entrará en vigor el próximo 1 de julio y que supone, a su entender, "una agresión económica" y "una amenaza a la salud".

Representantes de las asociaciones Pentsionistak Lanean de Álava, Pentsionistak Martxan de Bizkaia y de Navarra, y Duintasuna Elkartea de Gipuzkoa han reclamado, en una rueda de prensa en Bilbao, que los gobiernos de Euskadi y Navarra "no colaboren con las políticas que destruyen derechos, crean desigualdad y hacen de la salud un negocio".

En este sentido, han instado a ambos ejecutivos a que "ejerzan en clave de soberanía" para no aplicar el "repago" farmacéutico y que aprueben medidas para "dejar sin efecto las consecuencias negativas de la aplicación en el derecho a la salud" y construir "un sistema de salud propio, público, universal, gratuito y de calidad".

Los pensionistas han denunciado que el Gobierno vasco haya decidido "imponer el repago farmacéutico" a partir del 1 de julio en Euskadi, la única comunidad en la que hasta ahora no se aplicaba, "tal y como viene marcado desde Madrid". A su entender, se trata de una medida "injusta" que supone "una agresión económica, una amenaza para la salud y una vulneración del principio de igualdad en el acceso al sistema sanitario".

"El repago farmacéutico es un impuesto regresivo sobre la enfermedad", ha criticado su portavoz, Patricia Álvarez, que ha alertado de que las personas con pensiones más bajas tendrán que destinar "proporcionamente una mayor parte de su pensión para costearse los medicamentos".

Las asociaciones han destacado que, además del pago de medicamentos incluidos en la Seguridad Social en función de los baremos establecidos, los pensionistas también deben afrontar en su totalidad el pago de los 417 medicamentos que han dejado de financiarse públicamente y que corresponden, en su mayor parte, a patologías de personas mayores.

Del mismo modo, el representante de las asociaciones Carlos Ruiz ha recordado que los enfermos deben asumir, además, el coste de los traslados en ambulancia hasta los hospitales para recibir quimioterapia, radioterapia o rehabilitación, así como el de marcapasos, prótesis de cadera o muletas.

En cualquier caso, ha asegurado que, como ya se ha puesto en evidencia en Navarra, el ahorro que se conseguirá mediante el copago será "mínimo" dado que aumentarán los ingresos hospitalarios al agravarse las patologías como consecuencia de la interrupción de tratamientos o la falta de control.

RESPUESTA DECEPCIONANTE

Los pensionistas han advertido de que hacer "depender la salud del poder adquisitivo de las personas" supone una pérdida de universalidad e igualdad en la atención sanitaria.

En este contexto, han censurado la "respuesta absolutamente decepcionante" del Gobierno de Iñigo Urkullu porque "no ha hecho nada" para no aplicar "esta agresión" ni adoptar medidas "compensatorias", mientras que sí "ha tenido tiempo" para adecuar los sistemas informáticos para poner en marcha el copago.

Del mismo modo, ha denunciado que se intente "frivolizar el tema" y, en este sentido, ha criticado al consejero de Salud, Jon Darpón, que pretenda "hacer creer que el copago se reduce a seis barras de pan", cuando "los pensionistas han perdido un 5 por ciento de su poder adquisitivo en los dos últimos años, más de 250.000 pensionistas cobra por debajo de los 1.000 euros y existen 133.271 pensiones de viudedad que, en su mayoría, a duras penas alcanza los 700 euros mensuales".

Asimismo, han subrayado que, en la actual coyuntura de crisis, la pensión "comienza a ser un colchón para miles de personas sin empleo y sin recursos económicos".

Por ello, han cuestionado al Gobierno autonómico por qué aplica el copago si cree "es una medida innecesaria e impuesta". "¿Por qué no la burlan para proteger los derechos de las personas pensionistas y mayores y también de las personas migrantes y del conjunto de la sociedad? No hace falta esperar al Tribunal Constitucional. Hace falta tener proyecto social para quienes vivimos en Euskal Herria", han señalado.