Pérdidas de 500 millones y búsqueda de responsables por parte del Gobierno

La Asociación Catalana de Agencias de Viajes (ACAV), ha anunciado hoy que las pérdidas de las agencias de viajes y operadores en España se pueden situar alrededor de 350 millones de euros, aunque se trata de una cifra provisional.

A esta cantidad hay que sumar algo más de 100 millones de euros que no han ingresado las compañías aéreas, que pueden ser más si se añade a la "no salida de vuelos", el coste de la atención a los pasajeros, la devolución de billetes y los traslados a los hoteles.

Por su parte, la patronal Asociación Empresarial de Agencias de Viajes Española (AEDAVE), Pedro Fernández, ha calculado, según los datos disponibles, que las pérdidas de ingresos en el sector turístico por el paro de los controladores del pasado fin de semana ascenderán a 400 millones de euros.

No obstante, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, señaló hoy en rueda de prensa que es "prematuro y precipitado" dar cifras de pérdidas para el sector turístico por la huelga de controladores, y garantizó que esta situación "no se va a repetir ni en Navidades ni después".

Pero no sólo las pérdidas son importantes para el Gobierno, sino que desde el Ejecutivo se ha hecho hincapié en que hay que buscar a los "cabecillas" que empujaron a los controladores a abandonar masivamente sus puestos de trabajo y de obligar a cerrar el espacio aéreo español por espacio de 20 horas.

Por ello, la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, que se reúne el jueves en Zaragoza presidida por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, abordará el conflicto y estudiará la posible responsabilidad de quienes abandonaron su puesto de trabajo.

La reunión de la Junta de Fiscales Superiores, cuya función es asegurar la unidad y coordinación de la actuación de las Fiscalías en todo el territorio nacional, va a coincidir con las primeras declaraciones de los controladores ante el Ministerio Público.

En concreto, la Fiscalía de Madrid ha citado los próximos jueves y viernes a cerca de 30 controladores a quienes tomará declaración antes de determinar si han incurrido en algún tipo de delito.

La Fiscalía de Galicia y la de Cataluña también han anunciado la apertura de diligencias penales contra los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.

Las declaraciones políticas se siguen sucediendo a la espera del informe que va a realizar el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo jueves en el Congreso, y desde el Partido Socialista se han cerrado filas entorno a su "jefe".

Por ejemplo, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco ha publicado en su página web que a "Zapatero no le ha temblado ni le va a temblar nunca la mano" en defensa del interés general, y ha subrayado su "valentía" al tomar la decisión de adoptar medidas excepcionales.

De la misma opinión es el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, quien no sólo no ha defendido la decisión, sino que ha afirmado que el Gobierno no tiene que pedir permiso a los controladores para hacer un decreto ley.

La oposición no ha querido entrar en una clara valoración de la actuación del Gobierno, y la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría ha eludido avanzar si se van a pedir dimisiones por la forma en que se ha gestionado la crisis.

La portavoz ha añadido que van a esperar las explicaciones que de el jueves el presidente del Gobierno para marcar una posición, aunque ha afirmado que cree que se ha producido una "falta de previsión".

Por su parte, el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), ha afirmado hoy que va a haber normalidad durante Navidad, y que no se va a producir ningún bloqueo como el del pasado fin de semana.

Según datos de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) hasta las 20.00 horas, hoy se habían registrado 3.106 vuelos y se cancelaron 81, el 2,06 por ciento, de los 3.923 programados para esta jornada, en la que sólo siete controladores han estado de baja.