Podemos propone cambiar la ley educativa para la "integración voluntaria" de colegios concertados a la red pública

En concreto, propone reformular el apartado 2 del artículo 108 de la siguiente forma: "Son centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública. Las administraciones educativas deberán garantizar la suficiencia de plazas en el sistema público, para lo que se fomentará la integración voluntaria de centros concertados a la red pública".

Asimismo, plantea añadir un nuevo artículo 116 'bis' para la "transición a centros públicos", que contemple que "el Gobierno tiene la obligación de impulsar, facilitar y podrá ayudar económicamente, si las administraciones autonómicas lo necesitan, a la integración voluntaria de centros concertados en la red educativa pública según establezcan las comunidades autónomas dentro del ámbito de sus competencias".

Según ha explicado el portavoz de Educación de En Comù Podem, Joan Mena, el objetivo de esta proposición, presentada en medio de las negociaciones en la Cámara baja del Pacto Social y Político por la Educación, es que se regule por ley "la obligación de las administraciones públicas de abrir de forma periódica esta posibilidad voluntaria".

Asimismo, ha señalado que los conciertos educativos "nacieron bajo los principios de la complementariedad y la subsidiariedad" de la red pública y que España se ha convertido, a su juicio, en "una anomalía dentro del panorama internacional" en lo que se refiere a centros educativos privados sostenidos con fondos públicos.

"Somos el tercer país de Europa en este tipo de centros, detrás de Bélgica y Malta y el gasto privado en educación (0,6% PIB) es el doble que en la UE (0,36% PIB)", ha subrayado el diputado catalán, que ha añadido que en "todos los demás países como Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia" la educación es "fundamentalmente pública: 89,2% en Educación Primaria y un 83% en Secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España".

Según señala este grupo parlamentario en la proposición de ley registrada, existe un "exitoso precedente", como el de la ley aprobada en el Parlamento de Cataluña en 1983, que reguló el proceso de integración a la red pública de escuelas privadas, que supuso la adhesión de 71 de ellas que formaban parte de cooperativas.