Policía y Guardia Civil cuentan con una nueva guía para atender a las víctimas de delitos con discapacidad intelectual

Policía y Guardia Civil cuentan desde este viernes 2 de febrero con una nueva guía de intervención con personas con discapacidad intelectual con el objetivo de darles una atención más especializada, ya que la prevalencia de delitos cometidos contra ellas es diez veces superior a la de la población en general.

El manual lo han elaborado el Ministerio del Interior y la fundación A LA PAR, que cuenta con una Unidad de Atención a Víctimas, y cuyo trabajo ha reconocido el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, durante el acto de presentación. Este servicio especializado ha pasado de atender siete casos en 2011 a 240 en 2017 y ha logrado que los supuestos denunciados sobreseídos pasen del 80% al 20% en este periodo.

"Lo que buscamos es que cualquier agresión a personas con discapacidad no quede en la impunidad y dejen de ser presas fáciles de gente sin alma", ha subrayado el 'número dos' de Interior en declaraciones a los medios, a los que ha indicado que durante mucho tiempo ha sido "prácticamente imposible" perseguir a estos delincuentes y condenarles por la "dificultad probatoria" de los hechos denunciados.

El objetivo, según ha indicado, es dar a los policías y guardias civiles las herramientas necesarias para tratar con las víctimas con discapacidad intelectual y denuncien los delitos adecuadamente, se sientan acompañadas y asesoradas en el proceso judicial y logren que sus agresores sean condenados.

Nieto ha explicado que el principal problema radica en la dificultad de las personas con discapacidad para identificar que realmente están siendo víctimas; para conocer los trámites que tienen que seguir, una vez que asumen esta situación, o para comunicar o contar adecuadamente lo que le ha pasado y sirva de prueba.

La presidenta de la Fundación A LA PAR, Almudena Martorell, ha indicado que la gran mayoría (80%) de los casos que atiende la Unidad de Atención a Víctimas responden a abusos sexuales, entre los que destacan los cometidos por familiares. "El problema es que la personas con discapacidad todavía es un colectivo en exclusión. No son miembros de pleno derecho y esto les hace más vulnerables y proclives a sufrir acoso", ha subrayado.

A su juicio, la parte más importante en la actuación de las Fuerzas de Seguridad es la evaluación adecuada de las capacidades de las víctimas porque, en los casos de agresiones sexuales, la prueba de cargo suele ser el testimonio. Por ello, la guía da pautas a Policía y Guardia Civil para ayudar a las víctimas a contar lo que les ha sucedido de cara a la denuncia. "¿Fue antes o después de tu cumpleaños?", es un ejemplo para poder ubicar en el tiempo el hecho denunciado.

Martorell ha insistido en la importancia de la figura del 'facilitador', que es el que puede ayudar a la víctima y agentes policiales en esta tarea pericial y acompañarla en el proceso judicial para que sea escuchada. "Igual que una persona sorda necesita un intérprete en lengua de signos, las personas con discapacidad intelectual requieren de la ayuda de estos facilitadores", ha explicado.

LA GUÍA

Además de claves para entender la discapacidad intelectual, este manual recuerda los aspectos legales a considerar en el trabajo policial con personas con discapacidad: sus derechos, la modificación judicial de la capacidad o la capacidad de este colectivo para denunciar.

También establece pautas para las primeras actuaciones previas a la entrevista con la víctima con discapacidad intelectual, como la valoración de los criterios para la toma de declaración, la recopilación de información relevante o las consideraciones previas a la entrevista --actitud de escucha, adaptar las preguntas, el sistema de comunicación y el lenguaje no verbal--.

Sobre la entrevista policial, la guía incluye recomendaciones para prepararla, cómo iniciarla, cómo abordar el suceso a investigar, cómo cerrar la entrevista y consejos para las identificaciones fotográficas. También expone las claves para argumentar la pertinencia de la obtención del testimonio en formato de prueba constituida, así como una propuesta para su prestación y desarrollo.