"Procurar" que se separe a internos con antecedentes y "contratar" la asistencia social, novedades del reglamento de CIE

Aunque en rueda de prensa el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que se separará efectivamente a estos grupos en "dos zonas" y ha hablado de reformas estructurales en los CIE que así lo requieran para hacerlo posible, el anteproyecto de reglamento lo recoge en otros términos.

"Se procurará que las instalaciones permitan la separación de los internos que tengan antecedentes policiales ó penales de aquellos otros que se encuentren internos por la mera estancia irregular en España", explica el texto en el punto 3 de su artículo 7.

Con todo, el anteproyecto dice que "conforme lo posibilite la disponibilidad presupuestaria, a partir de la entrada en vigor de esta norma, la Dirección General de la Policía adoptará las medidas oportunas y facilitará los medios materiales y humanos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento".

También "se procurará" que las condiciones sanitarias y sociales sean similares en todos los centros, una prestación de servicios que corresponderá a "empleados de las Administraciones Públicas y demás personal contratado al efecto", dejando a los policías la labor de control de la seguridad en estas instalaciones que, además, cambiarán de nombre: se llamarán Centros de Estancia Controlada de Extranjeros.

No obstante, cuando el servicio médico aconseje el ingreso hospitalario de un interno necesitará la autorización del director del CIE, que es un funcionario del grupo A1 del Cuerpo Nacional de Policía elegido a propuesta del Comisario General de Extranjería y Fronteras. Para las ONG que fueron consultadas sobre el borrador inicial, esta es una prueba de que la intención es mantener "el modelo policial actual" de gestión del internamiento.

En concreto, en cada centro existirá un Servicio Sanitario bajo la responsabilidad de un licenciado en Medicina que estará auxiliado en sus cometidos por al menos, un ATS o diplomado enfermero, y la Dirección General de la Policía "dispondrá lo necesario para garantizar la adaptación de dicho servicio a las necesidades existentes en cada momento en el Centro, en función del nivel de ocupación".

Estos servicios de asistencia sanitaria deberán inspeccionar además los servicios de higiene, "informando y proponiendo a la Dirección, para su aprobación y previo examen de la Junta de Coordinación, las medidas necesarias y suficientes" en relación con asuntos como el estado, preparación y distribución de los alimentos, el aseo e higiene de los extranjeros ingresados, la higiene, calefacción, iluminación y ventilación de las dependencias del centro o los servicios de control periódico de la salubridad del centro.

Según el anteproyecto de Reglamento, la prestación de estos servicios "podrá ser concertada por la Dirección General de la Policía con órganos del mismo o de otros Ministerios o pertenecientes a otras Administraciones Públicas o mediante la suscripción de acuerdos, convenios o contratos, conforme a la normativa vigente en materia de contratación administrativa, con entidades públicas o privadas y con cargo a los programas establecidos en las correspondientes partidas presupuestarias".

Sí se ha incorporado la previsión demandada por las ONG de que los centros cuenten con las "dependencias necesarias" para la permanencia de los internos de quienes por razón de enfermedad o toxicomanía "se aconseje" su separación del resto, medida que además, será comunicada "inmediatamente" al Juez que autorizó su ingreso.

Sin embargo, no han sido escuchadas en su denuncia de que la nueva norma supondrá un "retroceso" en aspectos como la regulación de las visitas. Según el anteproyecto, se podrán fijar hasta dos días por semana para tal efecto con duración no superior a 30 minutos, aunque los hijos menores y los cónyuges o análogos podrán acudir a visitar a su familiar a diario.

Las ONG, unidas en la Plataforma 'Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE', sostienen que en la actualidad no hay limitación del régimen de visitas e inciden en que no tiene por qué haberla, ya que los internos no están cumpliendo una condena, sino que están sujetos a una medida cautelar en espera de ser expulsados.