Propietarios cinegéticos expulsarán a socios sancionados por colocación de veneno

Así lo han indicado fuentes este esta asociación tras el último caso de este tipo que se detectó en el municipio toledano de Gerindote, donde aparecieron una treintena de cadáveres de aves, que han puesto en alerta a este sector, que considera que la aparición de casos como éste "dañan profundamente la imagen de los gestores cinegéticos".

Luis Fernando Villanueva, presidente de Aproca Castilla-La Mancha, ha considerado que "aunque se tratan de hechos puntuales", es necesario imponer medidas que ayuden a erradicar por completo el empleo del uso del veneno en el campo, según ha informado la asociación en nota de prensa.

Villanueva ha asegurado que "no debería haber ni un solo caso de envenenamiento" en ningún coto de la región, puesto que cuando aparecen lo que se está haciendo es cuestionar la imagen de la gestión ejemplar que realizan el resto de los 5.200 cotos de la región, cuyo trabajo, ha dicho, "se ve absolutamente empañado por este tipo de desagradables situaciones".

Aproca ha hecho un llamamiento a los titulares de los cotos para que, si realizan un arrendamiento de la actividad cinegética, en todos los casos, lo hagan bajo un contrato por escrito en el que quede legalmente establecida y determinada la responsabilidad del arrendatario en la gestión del mismo.

De este modo, ha explicado, se evitará, "como ocurre en muchos casos, que la imputación sea al titular del coto, cuando el que ha incurrido en el delito ha sido el arrendatario".

Para ello, ha recordado Villanueva, esta organización presta ayuda a través de su equipo jurídico de forma gratuita a todos aquellos cotos de la región que quieran informarse de los contratos tipos a realizar y de las consecuencias de su desarrollo.

Además, Aproca ha solicitado a la Dirección General de Montes y Espacios Naturales Protegidos, dependiente de la Consejería de Agricultura, que apruebe cuanto antes la homologación de métodos de control de predadores.

El objeto de esta aprobación es "cubrir la laguna jurídica" existente en la actualidad desde la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y así dotar a los cotos de caza y, especialmente a los guardas de campo, de herramientas de gestión legales para el control de predadores.