Proponen analizar el ADN de los excrementos de los perros en la calle para sancionar a los dueños

Para esto, presentará una moción en la Comisión de Pleno de Medio Ambiente y Sostenibilidad, planteando que este área, como ya hacen otros ayuntamientos, estudie modificar la Ordenanza Municipal de Tenencia de Animales con el objetivo de recoger en el chip de cada mascota una mayor identificación para, posteriormente, cotejarla con el ADN de los excrementos depositados en la calle, un análisis que debería ser asumido por los propietarios infractores y que permitiría identificar al perro e incoar así el correspondiente expediente sancionador.

Asimismo, según ha señalado a Europa Press la concejala del PSOE Begoña Medina, para los costes que se puedan derivar de la ampliación de la identificación, el Ayuntamiento también podría solicitar ayudas a instituciones públicas y privadas.

Medina ha incidido en el "malestar" existente en la ciudad de Málaga debido a la suciedad de las calles como consecuencia del incumplimiento de la ordenanza municipal en relación con la recogida de los excrementos de animales, lo que "provoca una muy mala imagen y un estado de insalubridad en la zona donde se localizan".

Aunque ha reconocido que no son muchos los ciudadanos que no cumplen con su obligación de recoger los excrementos de sus mascotas, "aquellos que no lo hacen están generando un perjuicio a muchos vecinos que diariamente circulan por las calles de Málaga".

PETICIÓN A LOS VETERINARIOS

Por otra parte, Medina ha advertido también de las quejas de los propietarios de perros acerca del pago que tienen que hacer al veterinario, por las gestiones administrativas, cuando cambian de domicilio o transfieren la posesión del animal.

Según la edil socialista, al parecer, "no son gestiones onerosas" para el veterinario y, de hecho, en muchas ciudades españoles los propietarios de perros no tienen que hacer frente al abono de este servicio.

Por este motivo, en la citada moción, se instará al Colegio de Veterinarios de Málaga a que recomiende a sus profesionales la posibilidad de no cobrar por el servicio que prestan cuando se produce ese cambio de domicilio o cuando se transfiere la posesión del animal.