La Rioja intenta cobrar la factura de la asistencia sanitaria a los países de origen de 'los inmigrantes'

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del departamento de Ana Mato, que esta semana aseguraba que no se trata de una medida de "carácter económico" sino que busca garantizar "un mayor control y transparencia" de la cobertura sanitaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con cargo a fondos públicos.

Pese a ello, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares ha contado con el rechazo del resto de partidos políticos, algunas comunidades como Andalucía o País Vasco (que han anunciado que "desobedecerán" la norma y seguirán atendiendo "como antes" a los 'sin papeles') y los profesionales sanitarios.

UN ASEGURADO, UNA TARJETA SANITARIA

El Real Decreto, que fue aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto y forma parte de la reforma sanitaria de Ana Mato, regula la condición de asegurado y beneficiario en el SNS y, para hacerla efectiva, se les atribuye a todos ellos una tarjeta sanitaria individual.

Entre las condiciones que dan derecho a conseguirla están ser trabajador por cuenta ajena o propia y estar afiliado a la Seguridad Social; ostentar la condición de pensionista; ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como la prestación por desempleo y, en caso de haberla agotado y seguir sin trabajo, acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

Asimismo, también tienen la condición de asegurado las personas que no tengan ingresos superiores a 100.000 euros anuales ni cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía, siempre que tengan nacionalidad española y residan en España; pertenezcan a algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza y estén inscritos en el Registro Central de Extranjeros, o que sean de un país distinto de los anteriores y tengan autorización para residir en territorio español.

De este modo, quedan fuera de la condición de asegurado los inmigrantes que están en situación irregular o 'sin papeles', unos 153.000 según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que hasta ahora sólo necesitaban estar empadronados en algún municipio español para poder ser titulares de una tarjeta sanitaria.

A partir de ahora, Sanidad sólo garantiza y se hace cargo de la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años, una cobertura de la que el departamento de Mato presume al ser "más amplia que la de la mayoría de los países europeos, y que la que reciben los españoles cuando viajan a terceros países".

En el caso de aquellos 'sin papeles' que ya estuvieran recibiendo algún tratamiento crónico, fuentes del Ministerio aseguran que también "seguirán siendo atendidos", algo que en cambio no se les garantiza "a los nuevos que vayan llegando a partir de ahora".

No obstante, las mismas fuentes reconocen que esto son sólo unos "mínimos" que las comunidades pueden ampliar como estimen oportuno siempre que no les den una tarjeta sanitaria del SNS, "ya que no tienen derecho a tenerla". "Si quieren darle una cobertura especial, están en su derecho, pero con tarjetas alternativas".

Pese a ello, algunas comunidades como País Vasco o Andalucía ya han avisado que van a aplicar "exactamente el mismo protocolo" de asistencia que seguían hasta ahora con los inmigrantes irregulares. Otras como Cataluña también lo harán, pero crearán una tarjeta 'alternativa' para este colectivo que podrán adquirir cuando lleven al menos tres meses empadronados en la comunidad.

ALGUNAS COMUNIDADES DEL PP SE RESISTEN A COBRARLES

Pero algunas comunidades gobernadas por el PP también han suavizado el impacto de la norma impulsada por Mato, caso de Galicia, que ha puesto en marcha un programa de protección social para mantener la asistencia sanitaria de este colectivo en los centros de salud.

En cambio, otras como Castilla y León intentarán cobrar la factura de la asistencia a los países de origen (en caso de que España tenga algún convenio de colaboración bilateral) antes de "en último término" facturar el coste a los propios 'sin papeles'.

No obstante, el Ministerio garantiza que "en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de que haya convenio de colaboración bilateral con España.

LOS IRREGULARES QUE NO PAGUEN QUEDARÁN REGISTRADOS

De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.

Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".

Por otro lado, el departamento de Ana Mato también da la posibilidad a las comunidades de formalizar convenios especiales de asistencia sanitaria para que las personas no aseguradas ni beneficiarias puedan acceder a la sanidad pública, que tendrán un coste de 710,4 euros al año (59,2 euros mensuales) o de 1.864,8 euros (155,4 euros mensuales) si el interesado tiene más de 65 años.

No obstante, fuentes del Ministerio reconocen a Europa Press que dichas pólizas no están pensadas para los 'sin papeles' sino para aquellos ciudadanos extranjeros con recursos que establecen su residencia en España para ser atendidos por el SNS, lo que se conoce como el turismo sanitario.

OPOSICIÓN EN BLOQUE DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

La medida ha sido rechazada por la mayoría de los profesionales sanitarios ya que, como ha asegurado el secretario general de la Organización Médica Colegial (OMC), Serafín Romero, limitar a los inmigrantes sin papeles el acceso a la sanidad pública puede provocar, "a medio y largo plazo", problemas económicos e infecciosos.

Además, este experto ha reconocido que se trata de una medida que va en contra de su "deber deontológico" de atender "a cualquier ciudadano", algo que también ha defendido la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), que ha abierto una página web para que los profesionales sanitarios declaren su intención de recurrir a la objeción de conciencia para atender a los 'sin papeles'. De hecho, hasta la entrada en vigor de la norma ya ha conseguido más de 1.700 adhesiones.

En cambio, el Consejo General de Enfermería ha advertido a los enfermeros sobre la "inviabilidad jurídica" de la figura de la objeción de conciencia ante casos de no beneficiarios de la asistencia sanitaria en España.

De hecho, ha recordado que puede ser considerado como "desobediencia civil o insumisión" con todas las consecuencias jurídicas, judiciales y laborales que esto conlleva.