SEO/BirdLife pide reforma de la Ley de Minas para que la explotación minera y las aguas termales respeten la naturaleza

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha explicado que la vigente es una ley previa a 1975 cuyo articulado, "a pesar de que tiene cierta sensibilidad ambiental" ofrece una protección que está "lejos de ser la adecuada" para gestionar un recurso tan sensible como el suelo, que es capaz de generar riqueza y, al tiempo, degradar un espacio natural y todos los servicios que presta, en forma de aire limpio, agua o alimento".

Por ello, insiste en que "urge, más que nunca", una regulación que proteja de forma clara y decidida el subsuelo español para que los recursos sean aprovechados de forma sostenible y respetuosa.

"No cometamos los errores del pasado. Aquellos que nos llevaron a desastres como el de la mina de Aznalcollar, del que se cumplen ahora 20 años. La vieja fórmula de anteponer el crecimiento económico a la protección ambiental no sirve. Todos los análisis, todos los expertos, toda la Ciencia es clara: el futuro será sostenible o no será. Basta de mirar hacia otro lado o postergar el deber político de proteger el patrimonio natural de todos", ha insistido.

La ONG ha presentado este viernes el informe 'La situación legal de la minería en España y su regulación con la conservación ambiental' que concluye la urgencia de reformar la ley de minas, algo que SEO/BirdLife cree que se pone de manifiesto en la decisión del Gobierno este mismo mes de no autorizar la prórroga a la mina de Torrejón de Velasco II, nueve años después de que se iniciaran los trámites.

En la actualidad, a diferencia de otros sectores que aprovechan el agua, los bosques o el mar, en España el subsuelo "no está protegido" por una normativa marco que regule la explotación de yacimientos de minerales o aguas termales de forma ordenada, sostenible y respetuosa con la naturaleza.

En un momento en el que los proyectos mineros cotizan al alza, a menudo afectando a espacios protegidos, SEO/BirdLife reclama al Gobierno de España y las fuerzas con representación parlamentaria una Ley de protección del subsuelo y de los recursos geológicos.

El estudio concluye también que la Ley de Minas se ha convertido en una "cómoda herramienta" de carácter técnico que ha consolidado una inercia en el sector que favorece su mantenimiento, tanto por parte de las empresas que explotan el recurso como por parte de las propias administraciones.

Los técnicos de la ONG han identificado 30 cuestiones problemáticas de la ley de Minas de 1973 como la laxa normativa a la hora de restaurar espacios afectados por un yacimiento o a la hora de determinar una responsabilidad ambiental y denuncia que la regulación actual, modificada por un Real Decreto en 2012 es "ampliamente incumplida".

En ese sentido, la coordinadora de los programas de Conservación de SEO/BirdLife, Ana Carricondo, ha afirmado que en muchas ocasiones no se restaura porque no se exigen fianzas o garantías y a falta de estos, los presupuestos públicos no son suficientes para que la Administración aborde la restauración de manera subsidiaria. "Degradar un espacio con fines mineros puede salir gratis", ha admitido.

Asimismo, añade que otros fallos de la ley es la "total ausencia" de referencias a los fondos marinos, la falta de claridad y transparencia para autorizar explotaciones y expone el sistema de adjudicación no favorece la competencia ni tiene en cuenta cuestiones como las buenas prácticas ambientales.

En todo caso y "en medio de esta maraña legal que suele jugar en detrimento de la conservación del medioambiente" SEO/BirdLife expresa su satisfacción por la decisión del Gobierno no autorizar la prórroga de mina a cielo abierto Torrejón de Velasco II, situada entre Toledo y Madrid con una resolución que califica de "contundente y clara".

El Gobierno ha valorado la clara afección que tendría sobre las poblaciones reproductoras de avutardas y sisones, entre otros valores ambientales, ya que la superficie a explotar coincide espacialmente con uno de los 15 núcleos reproductores (leks) de avutarda así como con zonas de exhibición de machos de sisón común, poniendo en claro riesgo la conservación de estas poblaciones.

Finalmente, pide a la Comunidad de Madrid y a la Junta de Castilla-La Mancha que declaren esta IBA como zona protegida por la Directiva de Aves de la UE y se convierta en Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Red Natura 2000, para garantizar la supervivencia de los valores naturales de esta zona reconocidos por la Declaración de Impacto Ambiental ahora emitida.