SOS Racismo pide al Estado una ley integral contra la discriminación y la protección de víctimas de estos delitos

En este sentido, el secretario de la organización, Mikel Mazkiaran, ha asegurado que, "a pesar de que no aumenta el número de delitos de odio" existen, a su juicio, "toda una serie de actuaciones discriminatorias en la vida diaria" que normalizan prácticas como la discriminación en el acceso al mercado de alquiler de vivienda, al mercado de trabajo o las identificaciones por perfil étnico.

Según Mazkiaran, esta discriminación "de baja intensidad", supone el caldo de cultivo para la aparición de posiciones políticas y sociales que "ahondan en la división social a través del señalamiento de colectivos vulnerables que ya forman parte de una sociedad diversa".

En esta línea, SOS Racismo se ha sumado a las 17 recomendaciones que formula la ECRI y ha denunciado el "ridículo" que, a su juicio, España está haciendo en Europa, tras 18 años desde la exigencia legal de una ley integral contra la discriminación, por no contar con un organismo supervisor de la discriminación independiente.

En cuanto a la ley de protección de víctimas de delitos de odio, la federación demanda una serie de medidas que proteja a las víctimas "independientemente de su situación administrativa" y que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal como son la denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, SOS Racismo ha mostrado su preocupación en la lucha contra los delitos de odio, pues ha asegurado que hay una "desmedida tendencia para identificarlos" que sólo se produce dentro del ámbito del enaltecimiento del terrorismo. Por ello, la federación ha hecho un llamamiento a las diferentes fiscalías y a la policía nacional para recordar que "hay grupos vulnerables que sufren ataques xenófobos a través de las redes sociales y ocupan un segundo plano en los esfuerzos policiales y judiciales".

Por último, la organización ha insiste en que las propuestas del Consejo, así como las iniciativas legislativas que puedan proponerse, no tendrán impacto si no van de la mano de la creación de una estrategia integral y consensuada entre administraciones públicas, sociedad civil y ciudadanía que luche contra todas las formas de discriminación.