Sanidad aumentará un 9% sus ingresos por tasas administrativas sobre medicamentos

Así lo ha asegurado la titular del ramo, Ana Mato, durante el debate en el pleno de la Cámara Baja de una enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural al proyecto de Ley que permitirá dicha reforma, que ha sido rechazada tras no contar con el apoyo del resto de partidos de la oposición salvo el PSOE.

La próxima semana se debatirán las enmiendas parciales del resto de grupos y el jueves se aprobará el texto en la Comisión de Sanidad, por competencia legislativa plena, para que pueda continuar su tramitación parlamentaria en el Senado.

La reforma, según ha explicado Mato, conlleva la modificación de los importes de las tasas que percibe la AEMPS por sus servicios para "adecuarlas al momento actual", lo que le permitirá ingresar unos 5 millones de euros más de lo que recaudó en 2012.

Pese a todo, asegura que las tasas están "en la media baja" si se compara con las que tienen el resto de agencias reguladoras europeas ya que, mientras que en España los laboratorios deberán pagar unos 20.000 euros por la autorización de comercialización de un nuevo medicamento, en Reino Unido recaudan hasta 117.000 euros por el mismo motivo.

Además, ha recordado la ministra, se incluyen excepciones en el pago para la fabricación de medicamentos sin interés comercial, pero de interés sanitario, como los destinados a tratar enfermedades raras; o para las actividades relativas a medicamentos de terapia avanzada cuando vayan a ser realizadas por entidades públicas integradas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), siempre que no estén destinadas a la comercialización.

También se aplicará una reducción del 95 por ciento en las autorizaciones de comercialización de medicamentos de interés por parte de la Administración, como aquellas que adecuen los envases de los medicamentos a la duración del tratamiento o implanten la monodosis.

MÁS GARANTÍA DE CALIDAD Y FARMACOVIGILANCIA

Por otro lado, Mato ha defendido que este proyecto de Ley incrementará las garantías de calidad de los medicamentos, mejorará la farmacovigilancia, evitará la entrada de fármacos falsificados en la cadena de suministro legal y aumentará la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.

Para ello, la nueva norma obligará a los laboratorios farmacéuticos a elaborar un Archivo Maestro del Sistema de Farmacovigilancia donde quede reflejada toda la información sobre la seguridad del medicamento, e impedirá que los medicamentos falsificados puedan entrar en la cadena de suministro legal gracias a la creación de un Registro de Fabricantes de Principios Activos.

Además, en materia de sanciones la Ley del Medicamento se extiende a los productos sanitarios, los cosméticos y los productos de cuidado personal "por motivos de salud y seguridad", y se prohíbe la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios, así como su publicidad cuando las Administraciones sanitarias lo consideren procedente por razones de salud pública o seguridad de las personas.

IU ACUSA A SANIDAD DE HACER UNA LEY "RECAUDATORIA"

El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ha defendido su enmienda a la totalidad alegando que el proyecto de ley aprovecha la trasposición de dos directivas europeas para hacer "una ley de recaudación, tasas y sanciones" que "nada tiene que ver con la farmacovigilancia o la lucha contra el fraude en los medicamentos".

Además, ha criticado la celeridad con la que el Gobierno pretende tramitar la reforma. "En pocas horas no hay posibilidad de diálogo", lamenta Llamazares.

La tramitación de urgencia también ha sido criticada por otros portavoces parlamentarios como la diputada del PNV Isabel Sánchez, que "no comprende la premura del Ejecutivo por aprobar un proyecto de ley con tantas aplicaciones que además no tiene nada que ver con la transposición de las directivas europeas".

La diputada de CiU Conxita Tarruella considera que ha habido "un defecto de forma en la presentación y tramitación de la norma" mientras que la diputada del PSOE Guadalupe Martín ha acusado al Gobierno de haber sido "complacientes" con las demandas de la industria farmacéutica con la aprobación de este proyecto de Ley.

Asimismo, ha criticado una enmienda del PP para "blindar la prohibición de realizar subastas a las comunidades", con la que pretenden "tener base legal" para que Andalucía no pueda lograr el ahorro en el gasto farmacéutico con esta medida.

El problema, ha añadido Martín, es que "sin darse cuenta se han dado un tiro en el pie", porque esta medida "va a perjudicar a los hospitales que convocan concursos para la compra de medicamentos".