Sanidad recuerda que la gestión de las prestaciones corresponde a las CCAA y el Ministerio solo vela por su cumplimiento

Tras la decisión de Baleares de que las mujeres que deseen abortar en la sanidad pública abonen la factura antes de la intervención

((Esta noticia sustituye y aclara una anterior sobre el mismo tema)

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha recordado este jueves que la gestión de las prestaciones sanitarias corresponde a las Comunidades Autónomas y este departamento únicamente se encarga de velar por su correcto cumplimiento.

El Ministerio que dirige Ana Mato ha eludido así entrar a valorar la decisión del Gobierno de Baleares de establecer que las mujeres que deseen abortar en la sanidad pública tengan que abonar ellas mismas la factura antes de la intervención.

"El establecer o no el pago previo de la intervención por parte de la mujer es un asunto que compete a las Comunidades Autónomas, ellas son las encargadas de gestionar este servicio", han manifestado fuentes de Sanidad a Europa Press.

En este sentido, las mismas fuentes han recordado que, en este campo, el Ministerio de Sanidad únicamente puede velar por que se den las prestaciones que están recogidas en el catálogo del Sistema Nacional de Salud.

El Gobierno balear ha decidido que las mujeres de esta comunidad que necesiten abortar tengan que acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas en este territorio y pagar el coste de la intervención por adelantado, para después presentar la factura a los servicios autonómicos y recuperar su importe.

El director general del IB-Salut, Juan José Bestart, ha negado que, con esta determinación, el servicio público sanitario esté incumpliendo la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pues el artículo 19 de la citada ley señala que esta prestación se realizará en centros de la red sanitaria pública o en centros vinculados a la misma.

Asimismo, Bestart ha explicado que el compromiso de "asumir directamente" el abono de la intervención no implica en modo alguno que el servicio público deba "anticipar" el pago de la factura de manera directa, sino que la puede asumir con posterioridad, una vez la persona intervenida la ha pagado por adelantado.

No obstante, ha puntualizado que primero se la tratará de atender a la paciente en un centro público y que, en caso de que el IB-Salut no pueda atender la intervención en tiempo, se le informará de que puede acudir al centro privado que elija y que después el servicio público le reembolsará el coste de la operación.