Sanitat deberá pagar al IVO 5,4 millones por los servicios a pacientes derivados de concesionarias

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Valencia ha condenado a la Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana a pagar 5.496.166 euros a la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) por los servicios prestados y no pagados a pacientes derivados de departamentos de salud gestionados indirectamente por concesionarias correspondientes a los ejercicios de 2009, 2010 y 2011.

De esta cifra, 4.719.332,47 euros corresponden al principal; 627.888,39 euros a los intereses de demora y 148.945 euros a los intereses de facturas abonadas desde la interposición del recurso y la formalización de la demanda. El magistrado ha tenido en cuenta en la condena dos consideraciones: que en ejecución del auto de medidas cautelares, la administración pagó 1,8 millones de euros y que se tienen que reducir la suma de tres facturas controvertidas por la administración y que han sido pagadas.

Con esta sentencia, de fecha 15 de enero de este año, el juzgado estima el recurso contencioso-administrativo presentado por la Fundación IVO contra la resolución del conseller de Sanidad de 31 de julio de 2012 --entonces Luis Rosado--, por el que se desestimó la alegación del IVO contra la primera desestimación del pago de la deuda.

Según explica el magistrado en la sentencia, en enero de 2002 se firmó un contrato administrativo de gestión de servicios públicos para la prestación de la asistencia, prorrogable durante ejercicios siguientes. En 2010 y 2011 se firmaron nuevos contratos para esta prestación para todos los usuarios de la sanidad pública valenciana.

Durante la vigencia de los contratos, se introdujo en la sanidad valenciana la figura de las concesiones privadas, bien por el régimen de concesión o conciertos administrativos. En un primer momento, la Conselleria asumió el pago de todos los servicios prestados por el IVO a los pacientes que provenían de departamentos de salud gestionados indirectamente por concesionarias privadas pero, a partir de un determinado momento, "cambió de criterio" y solicitó a la Fundación que remitiera directamente a las concesionarias las facturas por los servicios prestados a los pacientes derivados procedentes de esos departamentos de salud.

ALEGACIÓN DE SANIDAD

En este caso, la posición de la Conselleria ha sido la de considerar que no le es imputable el pago de las facturas reclamadas sino que la fundación debía reclamarlo a la concesionaria y no a la administración pública. Las mercantiles concesionarias, por su parte, fundamentaron la "improcedencia" de la reclamación.

El magistrado limita el estudio a la relación contractual entre la Agencia Valenciana de Salud y el IVO de acuerdo con los contratos, "y toda vez que no consta la existencia" de reclamación entre la Fundación y las mercantiles concesionarias, por lo que la parte recurrente "únicamente podrá solicitar el pago de las prestaciones" a Sanidad, ya que no se discute el hecho de que se trata de pacientes beneficiarios de la sanidad pública, "sin perjuicio de las posibles acciones de repetición que puedan existir" entre la Conselleria y las concesionarias, que no son objeto del procedimiento.

En esta línea, incide en que el IVO no ha formalizado ningún contrato ni concierto para la asistencia sanitaria y la única que mantiene en vigor es la de 2002, 2010 y 2001 con Sanidad, "con independencia de la relación contractual" de la administración con los concesionarios del servicio en determinados departamentos, "sin que la primera tenga obligación de conocer las condiciones de tales concesiones administrativas y siendo evidente que, sin la existencia de una relación contractual previa, no podrá facturar dichos servicios a las empresas privadas".

DIMISIÓN DE LLOMBART

A la vista de esta sentencia, el portavoz de Compromís en las Corts, Enric Morera, ha reclamado la dimisión del conseller de Sanidad, Manuel Llombart, porque "es totalmente incompatible" que desempeñe este cargo y mantenga "contenciosos contra la administración que representa por valor de 60 millones de euros", con motivo de su antigua responsabilidad al frente del IVO, del que fue director.

Morera ha considerado en un comunicado que el convenio entre el IVO y la Generalitat es "manifiestamente ilegal de acuerdo con la interpretación que el conseller hace del mismo, totalmente contraria a la de su antecesor al cargo, Luis Rosado".

El síndic de Compromís entiende que las actuaciones del IVO, "tienen que ser la consecuencia de la decisión de un facultativo o especialista del sistema público y no la libre opción del paciente, tal como defiende el conseller Llombart, porque esto ocasiona un contrato sin control financiero y se convierte en un cheque en blanco para una empresa privada".

Respecto a los pacientes derivados de áreas de salud privatizadas, Compromís entiende que se tienen que hacer cargo del importe de los tratamientos en el IVO las empresas concesionarias. De otro modo, "enviarían a todos los enfermos a ese centro para ahorrar las empresas costes y porque esas mercantiles tienen un contrato público por el cual se comprometen a prestar ese servicio", ha dicho.

A juicio de Morera, existe un "conflicto de intereses" en este caso y ha señalado que "llama mucho la atención que judicialmente la Generalitat no ha puesto mucho interés al defender los intereses generales y el convenio tendría que estar denunciado por la Sindicatura de Comptes".